Las reformas constitucionales en materia del Poder Judicial son para democratizar, transparentar y terminar con los vicios en el sistema de justicia del país, no para cooptar a los juzgadores, aseguraron diputados federales de Morena.
La diputada jalisciense Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, expuso a EL FINANCIERO que “debe haber tranquilidad y certidumbre en el sector empresarial, académico y en la sociedad en general con las reformas constitucionales para transformar al Poder Judicial, por son para mejorar, transparentar y democratizar al sistema de justicia en México”.
Planteó que “las campañas en contra de estas reformas son sólo una reacción de las cúpulas del poder, que ven afectados sus intereses y privilegios, y una permanente bandera de los partidos de oposición, a los que ya no les queda nada y es su única opción”.
Gómez pidió “calma y confianza a la gente”, porque “tenemos la confianza del 68 por ciento de la sociedad” y aseguró que “trabajadores del mismo sistema judicial nacional están seguros ya de que sus derechos y prestaciones están a salvo y no se tocarán”.
Sostuvo que “la elección de jueces, magistrados y ministros es para que la gente conozca y decida de quiénes serán los juzgadores, no para cooptarlos”, “habrá requisitos y transparencia” y que “no se busca desaparecer la ley de amparo como se afirma, sino llevar a la Constitución lo que señala la ley propia y evitar el activismo político de ministros, jueces y magistrados”.
El también diputado federal morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas -empresario, académico y ex funcionario público en Puebla- afirmó a este diario que “la reforma va a permitir a México acabar con el sistema de ascensos y promociones que llevan a dictar sentencias a modo”.
Explicó que “es toda una amplia reforma en lo judicial y en lo administrativo” para frenar “el compadrazgo y el nepotismo”, impedir que “los jueces hagan lo que les dicten los magistrados y que los magistrados hagan lo que les digan los ministros”.
Sobre la elección de los juzgadores por voto popular, aseguró que “habrá los filtros suficientes para elegir a los juzgadores mejor preparados, que sean abogados y que tengan la experiencia para el cargo”, y que el caso del nombramiento de la ministra Lenia Batres “fue por una facultad constitucional del presidente de la República y por la cerrazón de la oposición”.
De la “supremacía constitucional”, explicó que “sólo es confirmar en la Constitución que no procede el amparo contra reformas a la Constitución”, porque “es increíble que un ministro pretenda desconocer ese precepto, y que insista en que una ley reglamentaria esté en contra de la Constitución”.
