Camión de correo sumergido en medio de la inundación.
La reciente DANA que ha afectado intensamente a la Comunidad Valenciana ha dejado un saldo trágico de al menos 205 víctimas mortales. Durante la tarde y la noche del martes, miles de residentes enfrentaron las devastadoras inundaciones, que sumieron a la región en el caos y obligaron a las familias a buscar a sus seres queridos en medio de turbulentas condiciones. En el seno de este desastre, numerosos trabajadores enfrentaron dificultades, ya que sus empleadores se negaron a cerrar sus establecimientos, obligándolos a cumplir sus horarios habituales.
Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes impactantes y testimonios de las experiencias vividas en los municipios afectados. Caso ejemplar es la situación de dos empleados de Mercadona, quienes quedaron atrapados en un camión de reparto. Similarmente, empleados de Ikea se encontraron sin poder abandonar sus instalaciones debido a las violentas lluvias y los ríos desbordados. Estos incidentes desataron una ola de críticas hacia las compañías responsables, señaladas por poner en riesgo la vida de sus empleados en su intento por mantener operativas sus actividades.
La situación generó indignación pública y muchos usuarios de redes demandaron que se rindieran cuentas, denunciando incluso la «complicidad de las autoridades». Este sentir se intensificó cuando la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, agradeció a Juan Roig, dueño de Mercadona, su supuesta colaboración con los afectados, sin mencionar el riesgo al que sus empleados se enfrentaron.
Durante el temporal, empresas de reparto como Glovo y Uber Eats continuaron operando bajo condiciones climáticas extremas. Sus repartidores, muchos en motocicletas o bicicletas, se desplazaron por calles inundadas y soportaron vientos fuertes. Inmediatamente surgieron críticas en redes sociales, acusándolas de priorizar el lucro sobre la seguridad laboral, además de evidenciar la falta de protocolos para suspender actividades en emergencias climáticas.
“Nos hemos jugado el pellejo por vender cuatro cosas”, es el testimonio recogido por el periodista Daniel Bernabé en la red social X (antes Twitter), proveniente de una trabajadora valenciana. Esta empleada había solicitado cesar sus labores para protegerse del temporal, pero su petición fue desestimada por su jefe. La testigo aspira a emprender acciones legales apoyada por su sindicato debido a la negligencia empresarial sufrida.
Repartidores repartiendo en medio de la crisis. X
La DANA hizo que numerosos trabajadores en polígonos industriales quedaran atrapados, obligados a pasar la noche en sus centros laborales. Áreas como Riba-roja, Quart de Poblet o Picanya sufrieron fallos de comunicación, sumando incertidumbre a la situación. En declaraciones a Europa Press, Diego Roma, presidente ejecutivo de la Federació de Parcs Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval), explicó que muchos empleados no pudieron regresar a casa al finalizar sus turnos.
El conflicto pone en foco el artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que estipula la obligación de los empresarios de informar de inmediato a sus trabajadores sobre cualquier riesgo grave y concede a los empleados el derecho a abandonar sus puestos en situaciones inminentes de peligro. En respuesta a estas violaciones, desde el sindicato CNT Valencia se hace hincapié en que «la seguridad en el trabajo no puede vulnerarse jamás», exigiendo a todas las empresas que no respondieron adecuadamente a las alertas.
El debate sobre la responsabilidad empresarial tras la tragedia se ha intensificado en las redes sociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece claramente los derechos de los trabajadores en situaciones de riesgo inminente, subrayando el deber de los empleadores de interrumpir las actividades y garantizar la evacuación para proteger a sus empleados. La presunta transgresión de estos derechos ante las inundaciones ha generado un clamor público por investigaciones que determinen la existencia de negligencias.
La ciudadanía reclama que la seguridad laboral sea priorizada y que las empresas cumplan con sus obligaciones de forma más estricta. La necesidad de observar un mayor rigor en la protección de los derechos laborales durante situaciones de emergencia subraya la importancia de contar con planes de contingencia adecuados y protocolos que aseguren la integridad de las personas frente a las catástrofes naturales
