La llegada de inmigrantes ilegales es uno de los grandes desafíos para la seguridad de España, que en los últimos tiempos ha ganado importancia por las denuncias desde Canarias de que el archipiélago se encuentra al límite en la acogida de extranjeros que llegan a sus costas en pateras o en embarcaciones rescatadas por los servicios de salvamento.
Desde el 1 de enero al 15 de octubre, entraron en Canarias por vía marítima ilegal 32.878 extranjeros, lo que supone un 39,7% más que en el mismo período del año 2023.
La Guardia Civil ejerce las competencias en fronteras, tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre, en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla con Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprobó en 2020 la creación de un Mando de Fronteras y Policía Marítima dentro de la estructura de la Dirección General de la Guardia Civil.
Ha pasado desapercibido que en fechas recientes Grande Marlaska aprobó por orden ministerial nombrar al teniente general Manuel Navarrete Paniagua nuevo jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima.
Lo hizo “a propuesta de la Directora General de la Guardia Civil y con la conformidad del Secretario de Estado de Seguridad”, Mercedes González y Rafael Pérez.
El puesto había quedado vacante a mediados del mes de junio, cuando cesó el teniente general Juan Luis Pérez Martín, que pasó a la situación de retiro por cumplir la edad reglamentaria, los 65 años.
El nuevo responsable de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil procede del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El general Navarrete lo dirigía desde 2020.
El CITCO acaba de cumplir diez años de existencia. Se creó en 2014, en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, como fusión de dos órganos existentes, el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), el entender que “la vinculación entre terrorismo y crimen organizado es un hecho objetivo”.
La idea era que, con un centro unificado, se impulsara y coordinara “la integración y valoración de cuantas informaciones y análisis operativos dispongan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de terrorismo, crimen organizado y radicalismo violento, para la elaboración de inteligencia criminal estratégica, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa entre organismos concurrentes, y el diseño de estrategias globales de lucha contra estos fenómenos”.
Actualmente, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado depende del secretario de Estado de Seguridad. Tiene nivel orgánico de subdirección general.
Se encarga de “la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y su financiación, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los órganos u organismos actuantes en los supuestos de concurrencia en las investigaciones o actuaciones relacionadas con los precursores de drogas y explosivos”.
El CITCO no es un servicio de inteligencia, sino un órgano de coordinación y centralizador de información. Lo integran mandos y otros efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en un equilibrio difícil.
Además, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen representación propia en el centro, al igual que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias...
Recibe, analiza e integra información, elabora inteligencia criminal estratégica y de prospectiva y la canaliza hacia las Fuerzas de Seguridad u otros organismos, y además es el punto nacional de contacto para el intercambio de inteligencia e información estratégica con los organismos supranacionales en la lucha contra el terrorismo y los extremismos violentos.
En ocasiones es la vía de llegada a España de informaciones de cuerpos policiales extranjeros que, por ejemplo, sirven para interceptar cargamentos de droga en alta mar.
Dicta criterios de coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, ejecuta la destrucción de alijos de droga intervenidos, elabora informes sobre amenazas, coordina la redacción de documentos como la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, y recopila estadísticas sobre drogas, crimen organizado, trata y explotación de seres humanos.
Además, lleva un tiempo monitorizando la propaganda yihadista y de radicalización violenta en Internet y promoviendo su retirada.
El teniente general Navarrete ha estado los cuatro últimos años al frente del CITCO, pero su bagaje en puestos relacionados con la lucha contra el terrorismo es más amplio.
Comenzó su carrera en el País Vasco en la década de los 80, los años de plomo del terrorismo de ETA.
Estuvo destinado en Europol, como responsable de contraterrorismo e inteligencia financiera, y en la estructura de la Guardia Civil participó en la investigación sobre los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Ascendió a general de brigada en 2019, y a general de división en 2021, ya siendo director del CITCO. El Gobierno le concedió en 2022 la gran cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, a propuesta de Grande-Marlaska, oída la ministra de Defensa, Margarita Robles, por esa doble dependencia de la Guardia Civil.
El Ejecutivo le ascendió el pasado 15 de octubre a teniente general, el empleo más alto en la Guardia Civil, y tres días después Grande-Marlaska lo situó al frente del Mando de Fronteras y Policía Marítima.
Desde que asumió la dirección del CITCO, Navarrete ha participado en algunos actos y ha sido entrevistado en ocasiones sobre todo para hablar sobre terrorismo y radicalización.
Se vio señalado hace un año, cuando El Mundo desveló que había pedido a Europol que en sus informes sobre terrorismo dejara de citar al independentismo catalán.
El general Navarrete fue el encargado de enviar una carta a Europol para hacer esa petición, después de que Junts lo hubiera exigido al ver con indignación que el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo en la Unión Europea (TESAT 2023), de Europol, incluía al independentismo catalán en el epígrafe sobre “Terrorismo etno-nacionalista y separatista”.
El Mando de Fronteras y Policía Marítima, con nivel orgánico de subdirección general, es responsable, “de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección General, de la ejecución de las funciones previstas en los Acuerdos del Consejo de Ministros para la Autoridad de Coordinación para hacer frente a la Inmigración Irregular y de las encomendadas por el ordenamiento a la Guardia Civil para el control de los demás flujos irregulares, teniendo entre sus funciones la de resguardo fiscal del Estado”.
Depende de él, en primer lugar, la Jefatura Fiscal y de Fronteras, a la que corresponde organizar y gestionar el resguardo fiscal del Estado, así como la custodia, control y vigilancia de las costas, fronteras (excepto aquellas que se rigen por un tratado internacional específico), puertos, aeropuertos y los espacios marítimos en los que España ejerce soberanía y, en este ámbito, el control de la inmigración irregular.
También está bajo el mando del teniente general Navarrete la Jefatura de Costas y Policía Marítima, que se encarga de la dirección y coordinación de las actividades operativas de la Guardia Europea de Fronteras y Costas que lidere la Guardia Civil, y del Centro Nacional de Coordinación (NCC) de España en EUROSUR.
Que el nuevo jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil sea un experto en terrorismo resulta significativo.
Si bien se insiste en que son casos aislados, y que no se debe generalizar a todos los inmigrantes sin papeles, lo cierto es que algunos islamistas radicales detectados y detenidos en España llegaron a nuestro país de forma irregular.
La posible infiltración de terroristas yihadistas entre los inmigrantes que llegan a las costas españolas en pateras desde África se convirtió en una preocupación para los servicios de inteligencia e información sobre todo en la etapa de auge del Daesh, desde que en 2014 declaró el califato entre Siria e Irak.
Se temía que fuera una vía de llegada a Europa de radicales dispuestos a atentar en los países del continente, que aprovecharían precisamente las oleadas de refugiados que huían de Siria e Irak por culpa del Daesh y de la guerra civil siria.
Algunos casos sí se han confirmado. Hace un año la Audiencia Nacional condenó a penas de 5 y 6 años de cárcel a dos hombres por colaborar con una célula yihadista. Ambos habían llegado en patera a la costa de Almería en 2020.
En el radar de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional apareció hace unos años un argelino que realizaba “una intensa labor de propaganda de la yihad publicando contenido yihadista” en Internet. También había propuesto a varios conocidos pasar a la acción y cometer atentados.
Fue expulsado de España por suponer “una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional, concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública para su expulsión preferente del territorio nacional, medida proporcionada al legítimo fin de evitar la comisión de atentados terroristas”.
Sobre este hombre, el Ministerio del Interior tenía constancia de que había entrado en España “en junio de 2017, por el puesto fronterizo de Melilla, de forma clandestina, indocumentado”.
