Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, enfrenta una investigación penal por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública por suspender el cobro de parquímetros en la capital desde el 24 de julio anterior.
La causa judicial contra Miranda fue confirmada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ante una consulta de La Nación. El caso se tramita bajo el número de expediente 24-000333-1218-PE desde el pasado 11 de setiembre.
El asunto se remonta al 23 de julio, cuando el alcalde declaró en una conferencia de prensa que debido al vencimiento del contrato con la empresa española Setex-Aparki, debía suspender el cobro por cinco semanas mientras se formalizaba un nuevo acuerdo con otro proveedor.
En ese momento, el principal argumento del jerarca fue que el vínculo con esa compañía no era beneficioso para el ayuntamiento porque implicaba el pago de comisiones de hasta un 45% por cada hora de parqueo. Sin embargo, no mencionó ningún criterio técnico ni legal que sustentara la decisión.
Ante esa situación, la Auditoría Interna del ayuntamiento denunció a Miranda el pasado 9 de setiembre. Según la queja, semanas atrás el órgano fiscalizador consultó sobre el sustento técnico y jurídico para ordenar la suspensión, pero no recibió respuesta por parte del alcalde.
Además, la Dirección Jurídica confirmó a la Auditoría Interna que ellos no participaron de esa decisión ni recibieron consultas de Miranda al respecto. En la denuncia -en poder de este diario- también se consigna la preocupación de la Sección de Parquímetros por la suspensión.
Israel Barrantes, auditor interno de la Municipalidad de San José, indicó que no se puede referir a este asunto por tratarse de un caso que está siendo valorado por el Ministerio Público.
San José dispone de 3.000 espacios para parqueos y la tarifa era de ¢960 por hora; la multa por parquear sin autorización era de ¢9.600. El no cobro de parquímetros y la suspensión de infracciones por mal estacionamiento representan un déficit de ¢246,9 millones, en promedio, al mes, según datos de la Sección de Parquímetros. Congelar la venta de tiempo en los espacios habilitados para parquearse representa un ingreso medio de ¢136,5 millones y las infracciones ¢110,4 millones.
De acuerdo con los cálculos de ese departamento, en tres meses el municipio dejó de percibir al menos ¢740 millones. Ese monto equivale a un 85% del presupuesto para la ampliación del bulevar de la avenida central y a casi 1% del presupuesto ordinario de la Municipalidad de San José para el año 2024.
Desde el 23 de octubre, este diario envió consultas por escrito a Miranda sobre este tema, pero a la fecha no ha contestado. Entre las interrogantes está si dispone de criterios técnicos y legales que sustenten la decisión de suspender el cobro de parquímetros o si, al menos, consultó a los departamentos encargados de este asunto antes de decretar la suspensión.
También se le preguntó cómo impacta el no cobro en las arcas municipales y quién se hará responsable por los ingresos no percibidos, pero aún no hay respuesta. Por último, este viernes se le enviaron mensajes a su teléfono celular, recordando las consultas originales y preguntando si conoce sobre el proceso judicial en su contra, pero tampoco contestó.
El 23 de julio, mientras Miranda anunciaba la suspensión del cobro de parquímetros, en la Contraloría General de la República avanzaba el análisis de una apelación presentada por el Consorcio Setex-Alpha-San José, una de las empresas oferentes en el proceso de licitación para el nuevo contrato del servicio.
La firma objetó que el trámite hubiera sido declarado infructuoso por el ayuntamiento meses atrás, por considerar que había incumplimientos en su oferta económica. El órgano contralor dio la razón al oferente el pasado 30 de julio y declaró con lugar la apelación.
Frente a ese panorama, el Concejo Municipal decidió avanzar con la licitación y adjudicar al Consorcio Setex-Alpha-San José pese a la oposición de Miranda y los regidores de su partido.
En la actualidad, el alcalde está enfrascado en un conflicto con el proveedor, pues afirma que realizaron el depósito de garantía, pero incumplieron la presentación de un presupuesto detallado, requisito clave para formalizar el contrato.
Por su parte, el Consorcio Setex-Alpha-San José señaló en varias ocasiones, que para cumplir con ese requerimiento, el gobierno local debe solicitarlo en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y eso, según Juan José Echeverría, abogado de la empresa, no ha sucedido.
El pasado 23 de octubre, Miranda acusó a la compañía de ejecutar “una campaña de desinformación”.
Echeverría declaró este viernes que a pesar del paso de los días, la formalización contractual no ha sido posible y siguen sin tener respuesta efectiva por parte de Miranda.
Desde que fue regidor del Concejo Municipal, Miranda ha cuestionado la labor de la firma española, pues los acusó de aparentes prácticas irregulares. Incluso, sus denuncias provocaron que la Contraloría General de la República suspendiera sin goce de salario al ahora exalcalde, Johnny Araya Monge.
El órgano fiscalizador determinó que el exjerarca fue uno de los responsables de girar una indemnización sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki.
De acuerdo con la Contraloría, el ahora exalcalde actuó “de manera negligente e imprudente” al permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros a la empresa encargada de los parquímetros de San José. Los hechos se remontan a 2019, cuando Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta, denunció presuntas irregularidades en dineros girados a esa compañía.
