El Congreso de México aprobó una norma que impedirá a la Suprema Corte invalidar la reforma constitucional que consagró la elección de jueces por voto popular.
La disposición entró en vigor este viernes, cuatro días antes de que la Corte discuta un proyecto de sentencia que plantea declarar inconstitucional la elección de jueces, salvo la de los ministros del máximo tribunal.
Las votaciones están programadas para el 1 de junio de 2025 y constituyen el corazón de la reforma impulsada por el oficialismo de izquierda, que asegura que el poder judicial está sumido en la corrupción y la inoperancia.
Pero la oposición, uno de cuyos partidos impugnó la enmienda en la Suprema Corte, asegura que la elección de jueces -aprobada hace dos meses en el Congreso- fulminará la independencia de poderes y politizará la justicia.
Estados Unidos y Canadá también han advertido que la elección podría socavar la independencia de los jueces y dejarlos a merced de los cárteles del narcotráfico, con impacto en el tratado comercial T-MEC que estos países mantienen con México.
La mayoría de los 11 ministros del Supremo se oponen a la reforma, por lo que el oficialismo se apresuró a modificar un artículo de la Constitución que otorgaba facultades a ese tribunal para revisar los cambios a la Carta Magna.
"Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución", señala el decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y publicado en el Diario Oficial.
Sheinbaum asegura que la Suprema Corte carece de facultades para echar abajo la enmienda, por lo que a su juicio el fallo que será discutido el próximo martes supone una extralimitación de funciones.
Ocho ministros de ese tribunal renunciaron el pasado miércoles, como determinó la reforma para los jueces que declinaran participar en las elecciones.
Las dimisiones se harán efectivas el 31 de agosto de 2025.
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