Nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo en su afrenta contra el Poder Judicial acusa un nuevo revés, esta vez, en la causa más sensible de las que afectan al entorno del presidente, la que respecta a su esposa, Begoña Gómez. Tras colocar a la Fiscalía General del Estado en una situación perversa con el sostenimiento de Álvaro García Ortiz para que continúe al frente de la misma, pese a estar imputado; ahora es la Abogacía del Estado la que queda seriamente comprometida en su función tras valorar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la querella que interpuso en nombre de Sánchez fue "especulativa".
En la escalada judicial contra el instructor de la causa contra su mujer, el presidente del Gobierno decidió redoblar la ofensiva interponiendo a través de la Abogacía del Estado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado, al entender que, en su calidad de jefe del Ejecutivo, le asistía la facultad -recogida en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)- de declarar por escrito y no prestar la testifical en persona como así estipuló el juez que se trasladó hasta la Moncloa a tal efecto. Una vez que se produjo la citada declaración, el Ejecutivo activó la maquinaria estatal y presentó la querella.
Tras quedar esta desestimada, la última de las tres querellas por prevaricación que se han presentado contra Peinado -una de ella por parte de la propia Gómez-, el Ejecutivo ha reaccionado airadamente, mostrando su incomprensión con el fallo, toda vez que entienden que ha quedado demostrado que el instructor actuó para "perjudicar políticamente" a Sánchez. Fuentes gubernamentales arrancan con el tradicional "respeto" a las resoluciones judiciales para, inmediatamente, lanzar una carga de profundidad contra el auto del TSJM.
Una resolución con la que dicen "discrepar" en "sus razonamientos jurídicos y de su argumentación" y por la que reconocen estar "sorprendidos" por "algunas manifestaciones inusuales e innecesarias para la motivación jurídica del auto, máxime cuando la Presidencia del Gobierno y la Abogacía del Estado únicamente pretenden preservar la garantía del ejercicio de un derecho que corresponde a la institución y ver si su vulneración podría constituir un ilícito penal", aseguran las citadas fuentes.
En este punto, desde Moncloa alertan de que "en la querella presentada ya se advertía sobre el verdadero fin de llamar a declarar de forma presencial al presidente del Gobierno: convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo instrumentalizando un procedimiento judicial". Un fin espurio que, en opinión de las citadas fuentes gubernamentales, "lamentablemente, se ha revelado cierto". Esto, porque según el Gobierno "el mismo día que el juez envió a las acusaciones particulares (diversas organizaciones ultraderechistas, fundamentalistas y antivacunas) la declaración, ésta fue filtrada a numerosos medios de comunicación", dicen en su relato de las hechos.
"Esperamos que lo sucedido aquí contribuya al necesario debate social sobre las consecuencias de la estrategia de la derecha ultra y la ultraderecha basada en el envenenamiento de la convivencia y el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares. Nuestra obligación como Gobierno es, como siempre, defender la legalidad, el Estado de Derecho y las instituciones", finaliza lacónico el comunicado gubernamental. El rechazo a la querella por prevaricación a Peinado, se suma a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid hace diez días de no archivar la causa que instruye contra Begoña Gómez.
