La Audiencia Nacional ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por un grupo de particulares contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral por su supuesta vinculación con miembros de la cúpula dirigente del Gobierno de Venezuela y su participación activa para su «perpetuación» en el poder «al margen de un proceso democrático».
Sin existir, señala en el auto, «dato objetivo alguno que vincule» a Rodríguez Zapatero «con los hechos denunciados por los querellantes ni atisbo alguno de su conocimiento de los mismos».
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 afirma en el auto que echa de menos «que entre las afirmaciones que realizan los querellantes no se ofrezca ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su verosimilitud», un extremo imprescindible para que cualquier denuncia de este tipo se pueda tramitar.
El magistrado Ismael Moreno sostiene, en línea con el informe que le trasladó la Fiscalía, que los hechos delictivos por lo que se interpone la querella se basan «única y exclusivamente en informaciones periodísticas, recortes de prensa y redes sociales».
Los impulsores de esta acción penal contra el expresidente socialista, señala el juez, se han limitado «a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo».
Este grupo de personas le acusaron de apoyar al Gobierno de Nicolás Maduro «con la finalidad de seguir lucrándose con el expolio de los activos» del Estado venezolano, como, insistieron «viene haciendo desde el año 2014, cuando se presentó en el contexto internacional «como mediador» entre las autoridades chavistas y la oposición política.
Le atribuyeron también al expresidente una larga lista de actos, que van desde «evitar la interposición de sanciones internacionales» o «evitar el aislamiento internacional, reivindicando ante la ONU y otros organismos públicos internacionales el carácter democrático» del sistema político del país caribeño hasta impedir «una intervención militar» en el país por parte de una «coalición internacional».
En cuanto a lo que le imputaron como acciones supuestamente delictivas más recientes figuraba su tarea de «legitimar el fraude electoral» que habría existido en las últimas presidenciales del pasado 28 de julio o «gestionar el exilio» a nuestro país de líderes opositores
Entre los hechos que presentaron a modo de prueba en la querella destacaron que «fue de las pocas personalidades internacionales a la que» el Gobierno «autorizó el ingreso» en el país para ejercer de observador electoral en las presidenciales. En la querella desechada se llega a decir que trató de convencer a los países del «Grupo Puebla» para no pedir las actas electorales de los comicios.
