La Junta de Castilla y León confía en poder tener aprobada en «seis meses» la nueva ley de Función Pública, cuyo anteproyecto dio ayer el visto bueno el Consejo de Gobierno. Un texto que afectará a los 12.650 funcionarios de la Administración autonómica -quedan fuera laborales y estatutarios, lo que incluye a todos los empleados de Sacyl- y que busca ser una «norma de futuro», según destacó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien apuntó que trata de «garantizar un adecuado funcionamiento» y «satisfacer el interés de los empleados públicos» Entre las novedades, la creación de un «nuevo» permiso retribuido para las funcionarias gestantes a partir de la semana 37 de embarazo (35 en el caso de múltiple), rebajando en dos el plazo ahora fijado en la 39, explicó Gago, quien señaló que es «fruto» de la demanda social. Una medida que la Junta calcula tendrá un coste de un millón de euros al año . Además, también aborda una reestructuración de los cuerpos y escalas, atendiendo a las «demandas» de los sindicatos, de modo que su configuración se «adapta a la realidad del empleo público actual» y así crea nuevos y elimina algunos vacíos como el de Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas . También regula las modalidades de carrera profesional, la situaciones de excedencia o los puestos que pueden cubrirse por libre designación.
