La reforma legislativa que va a permitir liberar a una cincuentena de etarras parece que está abocada a entrar en vigor porque el PSOE ya ha dado muchas muestras de apoyarla, pero todavía pueden quedar dudas sobre cuándo, siempre que el Senado vaya hasta el final y acuda al Tribunal Constitucional, tal y como ha dejado entrever su presidente Pedro Rollán en una carta enviada a Francina Armengol. En este sentido, letrados de las Cortes consultados por LA RAZÓN, aseguran que hay argumentos jurídicos para que el Senado, previa petición de un grupo parlamentario (PP), planteé un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, los letrados apuntan a tres aspectos. El primero es de procedimiento, ya que consideran que la Mesa del Congreso debatió y votó enviar la ley al Boletín Oficial del Estado (BOE) pese a que este tema no formaba parte del orden del día. En este sentido, cabe recordar que el orden del día de la Mesa del Congreso se define el lunes a mediodía, que era a la hora que la ley estaba siendo debatida y votada en el Senado. El expediente de la ley llegó al Congreso por la tarde, el lunes. Sin embargo, el PSOE y Sumar, que tienen el control de la Mesa con cinco miembros (el PP tiene cuatro), decidieron meter esta cuestión unilateralmente. Por tanto, los letrados ven «falta de competencia del órgano» de la Mesa para tomar esa decisión: es más, hay quien recuerda que el precedente más parecido a esta ley se dio en 1995 con «Ses Salines» y la Mesa del Congreso tardó una semana en tomar una decisión.
Ahora, en cambio, con Armengol, las cosas han ido más rápido y se tomó una decisión en apenas 24 horas y con una recomendación «verbal» del letrado mayor, Fernando Galindo, quien ni siquiera elaboró un informe por escrito. De hecho, el segundo aspecto que reseñan los letrados consultados es la «falta de motivación» del acuerdo tomado por la Mesa del Congreso. «No se justifica nada», señalan.
Finalmente, el tercer aspecto que destacan está vinculado a la «improcedencia» del Congreso para valorar las decisiones tomadas por el Senado. «Los órganos constitucionales (como el Senado o el propio Congreso) son autónomos y tienen plena capacidad de procedimiento», apuntan los letrados consultados, que concluyen que la decisión tomada por el Congreso es «una intrusión» en las competencias que tiene el Senado. «Que diga el Congreso que la votación del Pleno del Senado es irrelevante pese a que ha decidido rechazar la ley por mayoría absoluta lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional», añaden las mismas fuentes.
Los letrados del Senado ya elaboraron un informe por escrito que avalaba la decisión tomada por Rollán de devolver la ley que va a liberar etarras al Congreso para que se volviera votar. Y es que pese a que el Senado no había formulado veto (un formalismo, que es como una enmienda a la totalidad), rechazó la ley en su conjunto por mayoría absoluta, una situación que nunca se había dado hasta ahora, tal y como apuntaron los letrados en su informe. Por tanto, al ser un «leading case», es decir, una situación inédita, los servicios jurídicos ya apuntaron que quien debe resolverlo es el Tribunal Constitucional para crear jurisprudencia.
En esa misma línea, Rollán remitió el miércoles una carta a Armengol en la que también dejaba entrever que el Senado va a acudir al TC para que se pronuncie. «En tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional, sentando nueva jurisprudencia que dé solución al caso que nos ocupa, hasta ahora inédito, le ruego encarecidamente (...) que proceda a convocar el Pleno», señaló el presidente del Senado en la misiva, reclamando también a Armengol que convoque un Pleno para volver a votar la reforma de la Ley que va a permitir acelerar la liberación de 50 etarras.
En concreto, los cambios que permiten que los etarras salgan antes de prisión están en la derogación de la disposición adicional única y en la modificación del artículo 14 de la reforma de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Con ambas disposiciones, se impedía que los presos de ETA condenados antes de agosto de 2010 pudieran descontar sus penas cumplidas en Francia. Sin embargo, con los cambios legislativos introducidos en este proyecto de ley del Gobierno, impulsados por enmiendas de Sumar, se descuentan las penas que han cumplido en Francia y eso permite acelerar la salida de prisión de los presos etarras.
El PP ha asumido su «error» aunque tampoco era determinante porque el Gobierno ha contado con los apoyos de sus socios para tramitar la ley. Vox también ha pedido disculpas por su «error» porque votó a favor y va a ir más allá y también va a acudir al Tribunal Constitucional y ya está estudiando la presentación de un recurso de amparo contra la decisión tomada por la Mesa del Congreso.
