La respuesta europea a los movimientos migratorios tiene que asentarse en una política estable, duradera y compartida por todos los Estados miembros. La primera condición para implicarlos en una política común es reconocer que existe un problema de legalidad e integración con la inmigración irregular. Si la respuesta es la negación del problema o un discurso buenista, los efectos ya son conocidos: aumento del apoyo a partidos xenófobos y margen de maniobra a las mafias que trafican con seres humanos. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha propuesto a los Estados miembros estudiar la posibilidad de abrir fuera de suelo europeo centros de acogida a solicitantes de asilo. Esta iniciativa la ha puesto en práctica la primera ministra italiana, Giorgia Meloni , tras pactar con Albania la instalación de un centro para refugiados. Pero la idea no es original de la líder italiana. En 2021, el Gobierno danés aprobó una ley para aplicar este tratamiento a los solicitantes de asilo y negoció con Ruanda la sede del centro de acogida, el mismo país africano escogido por el gobierno de Londres, cuando era primera ministro el conservador Rishi Sunak. Lo que hace años parecían iniciativas contrarias al espíritu europeo de hospitalidad, ahora se abren paso de forma transversal en el discurso político de Europa. Alemania ha establecido controles fronterizos, lo que supone una suspensión de hecho del espacio Schengen; y Polonia se propone restringir el derecho de asilo para frenar la inmigración propiciada por Rusia y Bielorrusia. En definitiva, hay una percepción general de que Europa no puede seguir respondiendo al problema de la migración ilegal con los mismos patrones de las últimas décadas, porque ya no son eficaces para garantizar una migración ordenada y porque están provocando políticas unilaterales de los Estados miembros. Sin embargo, la respuesta tampoco puede ser improvisada, porque entonces no facilita una solución a medio y largo plazo y porque pone en riesgo valores esenciales de la Unión Europea. El ejemplo de respuesta inoperante y destructiva es la del Gobierno de Pedro Sánchez, empeñado en no alcanzar un pacto de Estado para atender la crisis migratoria en Canarias con tal de no negociar con el PP unas condiciones razonables para la implicación de las Comunidades autónomas en el reparto de inmigrantes. A falta de una visión de Estado, el Ejecutivo de Sánchez ofrece ocurrencias como la de crear en el aeropuerto de Ciudad Real un centro de acogida de inmigración irregular. El gobierno autonómico, presidido por el socialista García-Page, ha reaccionado con indignación porque no estaba al tanto de este proyecto. Sea o no cierto que Sánchez ha querido burlar a su colega castellano-manchego, la realidad es que una iniciativa de este tipo demuestra la ausencia de un plan integral para responder al problema existente en Canarias. El enfoque de Bruselas a la inmigración ilegal necesita actualizarse con urgencia, pero sin precipitación. Actitudes como la del Gobierno español son un ejemplo de lo que no debe suceder a nivel estatal, ni europeo, porque representan la consolidación del estado actual de cosas: mafias animadas por la inoperancia fronteriza y opiniones públicas temerosas. Las loas a la multiculturalidad y a la diversidad que aporta la inmigración han sido aprovechadas para debilitar la cohesión de las sociedades europeas y para rebajar la identificación política de los inmigrantes con los valores de la igualdad y la libertad, muy poco apreciados en algunas de sus culturas de origen.
