El 27 de octubre de 2023, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó ante los medios su informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia y se lo entregó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pero no ha sido hasta este martes, un año después, cuando se ha debatido en la Comisión Mixta de las Cortes, cuatro días después de que el presidente Pedro Sánchez se reuniera con el Papa Francisco en Roma. El Gobierno elevaba este asunto al Vaticano, como respuesta del rifirrafe con los obispos españoles por parte del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, molesto por el hecho de que la Iglesia se haya puesto manos a la obra para indemnizar a las víctimas, adelantándose a un plan genérico anunciado por Moncloa en abril, pero nunca concretado.
El Alto Comisionado ha querido desmarcarse de este desencuentro al reafirmar las conclusiones de su estudio en relación este «grave problema» y actualizar los testimonios recibidos en su oficina, que ya ascienden a 674, 188 más que hace un año. Entre las propuestas para materializar una reparación a las víctimas «integral, ineludible, implacable e inmediata» y adoptar medidas de prevención, se detuvo en la necesidad de que no solo la Iglesia, sino también la Administración, compense económicamente a quienes han sufrido agresiones sexuales en espacios eclesiales. «El Estado debe colaborar subsidiariamente porque el papel de los poderes públicos no ha sido todo lo celoso que debería», explicó. Para el Defensor del Pueblo, «el Estado debe abonar unas cantidades porque tiene una responsabilidad subsidiaria que debe cumplir». Gabilondo reconoce que hay quien considera que la Iglesia «tiene que abonarlo todo», mientras otros «hablan de una responsabilidad civil que debería ser también el Estado». Para él, la deuda es compartida.
«En mi ingenuidad, creo que la Iglesia y el Estado en este punto deben colaborar por las víctimas, es una urgencia que reciban una cantidad para abordar el daño», reflexionó en voz alta. La vía que sugiere es la creación de un fondo compartido por ambas instituciones y la creación de un organismo que determine las cantidades a abonar en cada caso concreto.
Hoy por hoy, el Gobierno y la Iglesia afrontan esta encomienda por separado. Cuando hace un año se hizo público el informe Gabilondo, los obispos estudiaron sus conclusiones, las sumaron a las de su propio estudio elaborado por el bufete Cremades&Calvo Sotelo y elaboraron una hoja de ruta. En julio la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) aprobaron la creación de una comisión independiente, en marcha desde septiembre, compuesta por once expertos entre los que hay juristas, psiquiatras y psicólogos, y en los que se han incluido dos representantes de asociaciones que acompañan a víctimas. «La Iglesia está dispuesta a abonar una cantidad», valoró ayer Gabilondo y añadió que «si hay un plan de la Iglesia y hay un plan del Gobierno, igual es bueno que hablen».
Y no se quedó ahí en su reconocimiento al cambio que se ha producido en la Iglesia. A lo largo de sus tres intervenciones y respondiendo a preguntas de los diputados y senadores presentes, el Defensor del Pueblo subrayó que «en ningún caso nuestro informe es munición contra la Iglesia», a la par que destacó que la Iglesia «ha pasado de minimizar» el problema diciendo que son «manzanas podridas» a un «implícito y progresivo reconocimiento de los hechos».
Es más, suscribió que «todas las medidas que está adoptando la Iglesia en materia de prevención son muy positivas», si bien admitió que todavía falta «entusiasmo» a la hora de evaluar el pasado. «Quiero citar al presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego: su comportamiento y el de la Confer ha sido extraordinario», ensalzó el Defensor del Pueblo. A la par, apostilló que la reacción de la Conferencia Episcopal Española «ha sido más dispar», dejando caer que algunos obispos «nos han reñido» porque consideraban que «no nos teníamos que meter en esto». En este sentido, remarcó que «la Iglesia lo ve como una gran ocasión para que esto no vuelva a suceder».
En cualquier caso, matizó que la respuesta eclesial es «muy plural», como lo es la propia institución. En estos mismos términos se expresó en relación a la reacción de las víctimas. «Me han llegado a decir algunas víctimas que están peor que hace un año», desveló el Alto Comisionado, que apostilló a renglón seguido: «No lo veo así, no estamos peor que hace un año. La Iglesia, por convicción, por sentir el aliento de la sociedad, ha analizado y afrontado más a fondo lo sucedido».
«A la Iglesia se le exige un modo de proceder ejemplar», señaló, subrayando que no se trata de «una institución cualquiera», comparándola con los clubes deportivos. Así, incidió en el hecho de que el llamado «daño espiritual» no es que «se pierda la fe en las convicciones religiosas, sino que se pierde la fe en la vida, en los demás, en su familia, que se traduce en la posibilidad de amar y de tener relaciones y opciones de vida». «¿Es lo mismo que haya abusado de ti un sacerdote que un profesor de gimnasia? Para mí, no, porque se pide especial ejemplaridad», sentenció Gabilondo.
El que fuera ministro de Educación compartió su inquietud para que se realice una radiografía sobre los abusos en otros ámbitos, especialmente en el familiar.
