El Ministerio de Sanidad mantiene una postura completamente impasible ante la crisis de Muface. Si, el viernes pasado, la ministra Mónica García se lavaba las manos contestando a quienes le preguntaban por su opinión ante las complicaciones en la negociación del nuevo convenio que ella "no sabía nada" y que era una negociación que el Ministerio de Función Pública- al que le corresponde la competencia- estaba llevando "de un modo muy discreto", hoy ha sido su número 2, Javier Padilla, el que se ha jactado de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) podría asumir "con la financiación adecuada" a los 2,5 millones de beneficiarios (entre funcionarios y familiares) que actualmente reciben atención sanitaria a través de Muface, Mugeju e Isfas.
"En todo momento he defendido que, si construyéramos un sistema desde 0, sería totalmente incomprensible que los funcionarios públicos no fueran atendidos por la sanidad pública. Esto es una cosa que nadie entendería y que de ninguna manera podría ser asumible", ha explicado Padilla cuando le han preguntado por el tema en el Consejo de Ministros de esta mañana.
"He defendido siempre que la existencia de Muface, Mugeju e Isfas no es un privilegio, sino un perjuicio". "A los funcionarios se les hurta en aras de la libertad de elección el nivel asistencial que más capacidad tiene para aportar a su salud que es la atención primaria vertebrada en todo el territorio, etc, etc", ha añadido.
Después de recalcar que Muface no es competencia de Sanidad sino de Función Pública, y recordar que las negociaciones están en marcha, Padilla se ha mostrado seguro de que la sanidad pública podría absorber a todos sus beneficiarios. En este sentido, ha recordado que ya hubo otras "incorporaciones masivas", como 400.000 autónomos en 1983 y los 250.000 beneficiarios del padrón de beneficencia en 1989.
Pese a que las cifras muestran que, actualmente, el 70% de los funcionarios públicos exigen la sanidad concertada frente al SNS, Padilla ha incidido en que los primeros han descendido un 66% en los últimos años (pasando de 768.661 a 766.915), y han aumentado los que prefieren ser atendidos en la Seguridad Social (pasaron de 242.690 en 2020 a 335.427 en 2023).
Pero al secretario de Estado de Sanidad se le ha "olvidado" citar que, debido a la insuficiencia presupuestaria que el mutualismo administrativo arrastra desde antes de la pandemia - y especialmente agravada por la misma- los funcionarios públicos tenían razones de sobra para pasarse al SNS, dadas las carencias en la atención sanitaria que están recibiendo.
No en vano la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, entregó el año pasado un informe al Defensor del Pueblo que incluía miles de quejas por los recortes sanitarios que habían sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas.
El informe incluía datos como que el 50% de los funcionarios había sufrido recortes sin previo aviso, había dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% vio limitado el acceso a su hospital habitual y declaró que le había propuesto que pagara por una consulta médica o por continuar recibiendo un determinado tratamiento.
