Los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados han rechazado este martes con 169 votos a favor, 174 en contra y sin abstenciones tramitar la proposición de ley del PP para que los condenados por terrorismo tengan que rechazar la violencia para poder estar en listas electorales, en un debate en el que los populares acusaron al Gobierno de "pactar con los amigos de los verdugos" de ETA y en el que Bildu tildó la iniciativa de "propia de una dictadura".
El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro defendió la toma en consideración de esta iniciativa impulsada por su partido, que persigue modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para incluir la inelegibilidad de los condenados por terrorismo mientras no rechacen la violencia.
En su discurso justificó que el cambio es constitucional y que tiene precedente en 2011 cuando se introdujo en la ley electoral "la incompatibilidad sobrevenida", que consistía en que cualquier cargo electo cuya formación fuera declarada "continuadora de Batasuna" estaba obligado a realizar una declaración de rechazo al daño causado y de renuncia expresa e indubitada a la violencia si quería continuar en el cargo.
Entre otros asuntos reprochó al PSOE que esté "pactando con los amigos de los verdugos con tal de mantenerse en el poder", después de que este partido evitara esta mañana que se vuelva a votar en la Cámara Baja el proyecto de ley que permitirá que los presos de ETA convaliden sus años cumplidos en cárceles francesas con las condenas en España.
Aseveró que la decisión del PSOE responde a "un pacto encapuchado con Bildu" y que supone una "traición más a las asociaciones de víctimas del terrorismo". Sobre la medida a debatir, lamentó que los líderes de Bildu "siguen utilizando un lenguaje ambiguo" para "no condenar de forma clara el terrorismo". Vox fue el único que apoyó la medida aunque su diputado José María Sánchez García consideró que "llega tarde y mal".
La portavoz de Bildu, Mertxe Aizupurua, calificó la iniciativa de "ley propia de una dictadura" y aseveró que "el autoritarismo va en el ADN" de los populares. "Añoran los tiempos en que sus jueces decidían a quién votar y a quién no". Aizupurúa añadió que el PP no podrá "obtener mediante la ilegalización lo que no consiguieron con las elecciones".
La parlamentaria vasca también advirtió que el PP no debería traer "tan a la ligera este tipo de propuestas" porque el resto de grupos podrían plantear que "ningún partido declarado organización criminal, como es su caso, pueda presentarse a las elecciones".
La diputada del PSOE Rafaela Romero acusó al PP de "sacar al fantasma de ETA" para atacar al Gobierno y pidió que "dejen en paz la memoria" de las víctimas. "Para ustedes la memoria solo tiene interés electoral, para insultar al otro y para deslegitimar al contrario", lamentó.
Además recordó la lucha conjunta de PP y PSOE contra el terrorismo que posibilitó que quienes "legitimaron el terrorismo" pasaran a la política como forma de defender sus ideas. Recuperó para ello el lema "bombas o votos" y recordó al socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien agradeció su acción contra el terrorismo en España. Por todo ello, pidió que el PP retire dicha proposición de ley.
Sumar también avanzó que rechazaría esta proposición de ley porque "pretende restringir la participación política por medio de criterios ideológicos" y llamó a "combatir las ideas con ideas", aunque a uno le parezcan "despreciables" las creencias de su adversario. Del mismo modo, el PNV decidió no sumarse a esta medida sin "perjuicio del rechazo moral y ciudadano que pudieran suscitar y que les suscitan" quienes "tras haber cumplido condena, no muestra rechazo al terrorismo y arrepentimiento por los crímenes terroristas", explicó Mikel Legarda.
Junts y Esquerra también se opusieron a la norma y los republicanos criticaron que el PP quiere que las personas a las que aplicaría su reforma "hagan una cosa similar a un auto de fe de la Inquisición en el que si no se dice que practican la ortodoxia constitucional serán excluidos del juego democrático", dijo Marc Álvaro Vidal. Desde Junts, Josep Pagés cargó contra el PP por no tener "ni un solo argumento jurídico que justifique esta doble imposición de penas" a quienes fueron condenados por terrorismo.
