La Junta de Andalucía ha dado el primer paso para dotarse por primera vez de un marco regulatorio y legislativo propio en relación con uno de los temas de mayor alcance social e incertidumbre durante los últimos años: la transformación digital, con las oportunidades que ofrece en el ámbito económico, laboral, social y para la administración y los problemas que presenta como la ciberseguridad o la protección de los menores . El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley Andalucía Digital que tiene asociado, según los cálculos difundidos por el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, una inversión en los próximos años de 524 millones de euros y que pretende que Andalucía marque su propia estrategia y sea «pionera» en el desarrollo legislativo de ámbito autonómico en cuanto a los procesos digitales. En este escenario, la Junta se adentra en un debate social que se mantiene sin resolver desde hace años: la protección de los menores. Si el pasado curso político lo arrancó con el anuncio de la prohibición del uso de los móviles en los institutos que se aplica ya en los centros de enseñanza secundaria, la nueva iniciativa legislativa sienta las bases para el desarrollo de un sistema de protección para las familias que se ha denominado como un ciberescudo . La nueva 'App' se ofrecerá a las familias para que la puedan instalar en los móviles de los menores de cada uno de los hogares y que actúe como un filtro que impida que se pueda acceder a contenidos sexuales, violentos o inapropiados para la población menor de edad . El objetivo es que el contrato para el desarrollo de esta aplicación se pueda ejecutar durante el año 2025 para que al inicio del próximo curso político pueda estar operativo en los hogares. Junto a esto, la Ley Andalucía Digital pone el acento en el papel de las familias en la protección y formación a través del desarrollo de programas de escuelas de formación para las familias que contribuyan a reforzar la protección de los menores. Junto a esto, la iniciativa legislativa aprobada por el Consejo de Gobierno apuesta por la tramitación digital al 100% , por la potenciación de nuevos mecanismos de ciberseguridad, así como nuevos servicios para la ciudadanía como la incorporación de videollamadas en el servicio telefónico del 012 o un canal de comunicación con la ciudadanía a través de whatsapp. En el ámbito económico el consejero Antonio Sanz incidió en que el nuevo proyecto legislativo sienta las bases de una apuesta por el emprendimiento digital , la captación de proyectos de start ups y el impulso de Andalucía como comunidad que albergue nómadas digitales.
