La mayoría progresista de la Cámara Baja aprueba un informe verbal de los letrados que desestima el veto que ordenó el presidente del Senado
El PP retuerce el reglamento del Senado para devolver al Congreso la ley que acumula penas de presos
El Congreso ha rechazado este martes la maniobra iniciada por el PP para dilatar la aprobación de la ley que de antecedentes penales que convalida las penas de españoles acumuladas en otros países de la UE. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, dio este lunes por vetada la proposición de ley y ordenó devolverla al Congreso pese a que no se habían registrado enmiendas en tiempo y forma y el reglamento estipula en esos casos que el texto quede automáticamente aprobado.
La mayoría progresista de la Cámara Baja se ha apoyado este martes en un informe verbal de la secretaria general para desestimar el movimiento del PP y enviar directamente al Boletín Oficial del Estado la ley.
“La Mesa del Congreso, tras analizar las recomendaciones de los servicios jurídicos de la Cámara, ha resuelto que le corresponde respetar los procedimientos reglados y entiende como validada la Ley Orgánica 7/2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que será enviada al BOE para su publicación”, trasladan fuentes parlamentarias.
El Senado abordaba ayer el trámite de una ley envuelta en polémica tras conocerse que con su aprobación podrían verse beneficiados presos etarras que habían pasado parte de la pena en otros países de la UE. El PP y Vox habían votado a favor de esa ley en el Pleno del Congreso, pero tras salir a la luz los efectos que podría tener el texto ambos partidos denunciaron un engaño por parte del Gobierno. Concluido el plazo de enmiendas en la Cámara Alta, al PP solo le quedaba rechazarla como un último movimiento sin efecto, puesto que en esos casos, si no hay enmiendas ni vetos, el trámite del Senado es meramente testimonial. La ley viajaría al BOE tras la votación del lunes.
Sin embargo, Rollán, en una interpretación inédita del reglamento, decidió que el voto en contra equivalía a un veto y ordenó devolver la norma al Congreso. La maniobra tomó por sorpresa incluso a los servicios de la Cámara. Al comienzo de la sesión, desde el departamento de comunicación se repartió entre los periodistas un documento explicativo sobre lo que iba a ocurrir durante la mañana. La última página aseguraba expresamente que Rollán diría: “Sin perjuicio del resultado de la votación, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley”.
Pero Rollán cambió de planes y dijo: “Al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el sistema europeo de información de antecedentes penales, por mayoría absoluta del Senado, que es la exigida en el artículo 90, punto dos, de la Constitución, para oponer el veto de acuerdo con el artículo 106del Reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto”.
El Congreso ha ignorado así la maniobra del PP. Los votos del PSOE y Sumar en la Mesa han dado el visto bueno al informe de los letrados que recomendaba “respetar los procedimientos reglados” y da por aprobado el texto que, salvo cambio de última hora, será publicado en el BOE en los próximos días.
Fuentes socialistas de la Mesa describen el comportamiento del PP como un tropiezo desde lo más alto de una escalera. “El PP se da cuenta de que ha votado a favor de la ley, de que se les ha pasado el plazo para interponer veto en el Senado y por eso hacen una triquiñuela. Ahora seguirán dando más tropezones”, sostienen esas fuentes, que describen la maniobra como una prevaricación, aunque sin mencionarlo expresamente: “El presidente del Senado ha incumplido la ley a sabiendas”.
Esas fuentes recuerdan el procedimiento establecido cuando el Senado recibe una ley de la otra cámara: “La Constitución, en el artículo 90.3 establece un plazo de obligado cumplimiento para las leyes que se tramitan con urgencia de 20 días naturales. Es un plazo irrenunciable”. Si hubieran introducido un veto o enmienda en el plazo estipulado, la ley habría viajado a la Comisión del Senado y después al Pleno. Nada de eso ocurrió, puesto que el PP no llegó a tiempo para registrar ninguna de esas observaciones.
“El Senado ha realizado una triquiñuela. Nadie sabía que se estaba debatiendo un veto, no podían saberlo, se le había pasado al PP el plazo y quieren que su mayoría absoluta esté por encima de la ley. Eso es lo que hemos analizado en el día de hoy”, ha apuntado a la salida de la reunión de la mesa el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El diputado socialista ha acusado al presidente del Senado de anteponer los intereses “espurios” del PP a los de la institución.
