Todas las voces, excepto la del Poder Judicial de la Federación, señalan la imperiosa necesidad de una profunda reforma al sistema judicial. Nadie puede decir que el derecho humano a una tutela judicial efectiva está garantizado: los jueces locales actúan con una rampante corrupción y los juzgadores federales, que no están exentos de este mal, resuelven en meses o años los asuntos que son de su competencia.
Una autocrítica a tiempo hubiera, quizá, evitado una reforma tan radical. El Poder Judicial de la Federación nunca ha gozado de la independencia y la autonomía que tanto presume. En la Constitución de 1917 era el Congreso de la Unión quien nombraba a los 11 ministros con el voto de la mitad de un quorum calificado de dos terceras partes; los candidatos eran propuestos por los estados de la República haciendo eco a un federalismo que poco a poco se ha ido perdiendo. Desde 1928 el nombramiento cambió para que lo hiciera el Senado a propuesta del presidente de la República, y la integración de 11 se ha ido agrandando hasta que regresó al número original con la reforma de 1994.
Estos ministros eran los que nombraban a los tribunales de Distrito y de Circuito. Era un poder endogámico con poca transparencia y dotado de grandes atribuciones. La reforma de 1994 cambió el nombramiento de magistrados y jueces hacia el Consejo de la Judicatura, de conformidad con criterios objetivos —como parte de ellos la existencia de una carrera judicial—. El Consejo de la Judicatura se conforma por personas nombradas por los tres poderes. La realidad es que hubo pocos exámenes de oposición abiertos porque se inclinó la judicatura a cerrarlos solo a personas de carrera judicial. A mi juicio, un error.
El deterioro del sistema de justicia fue un tema recurrente en la campaña de López Obrador, los ataques (fundados o infundados) continuaron cuando fue presidente electo. Un solo factor impidió una propuesta de reforma radical en el año 2018: la elección como presidente de la Corte de Arturo Zaldívar.
Zaldívar supo navegar en aguas profundas y complejas, siendo autocrítico del nepotismo, la corrupción y de la ‘famiglia’ judicial (término acuñado por varios políticos en referencia a las mafias italianas que controlaban plazas determinadas y estaban estructuradas entre familiares y amigos). La ‘famiglia’ judicial conformó un ecosistema endogámico dentro de la judicatura, con base en privilegios de ministros para colocar a sus allegados en los circuitos más importantes: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Por ejemplo, Pardo era el ‘padrino’ del Circuito del Estado de México y Pérez Dayán del de Nuevo León.
Limpiar circuitos como el de Jalisco, conocido por su enorme corrupción, fue una de las acciones de Zaldívar. Durante su gestión no se disminuyeron los sueldos, ni las prestaciones de jueces y magistrados. A cambio se dio una disminución de los salarios de los ministros de la Corte en un ejercicio de política y entendimiento de poderes que hoy el país extraña.
Se llegó a proponer que su gestión se ampliara. Quienes se opusieron probablemente estén arrepentidos, pues casi es seguro que durante ese tiempo hubiera continuado un cambio paulatino del Poder Judicial y el enfrentamiento con los demás poderes no hubiera generado la indeseable condición de lucha de poderes.
No se concretó la ampliación del mandato de Zaldívar y los pleitos al interior de la Corte
llevaron a lo inesperado: el nombramiento de la más inexperta política, Norma Piña. Ella constantemente dice a propios y a extraños “si ya me conocen, para qué me pusieron”. Su entendimiento de la política se reducía a su respetable carrera como juez y magistrada, insuficiente para presidir un poder. El cargo de presidente de la Corte no está diseñado para un juzgador que piensa que la independencia judicial (más entendida como soberanía absoluta e ilimitada de los jueces) es lo único relevante; ese cargo requiere entender el funcionamiento del Estado donde deben colaborar los poderes, los órganos autónomos y los distintos órdenes de gobierno, no confrontarse.
Se ha dicho mal que la Corte es el contrapeso del poder político. Esto es falso, la Constitución establece muchos contrapesos entre todos los poderes: el Ejecutivo y el Legislativo nombran a los ministros, el Legislativo puede quitar a jueces, magistrados y ministros por medio de juicio político, la Auditoría Superior de la Federación debe velar por el ejercicio presupuestal del Poder Judicial y en su administración convergen los tres poderes al conformar el Consejo de la Judicatura.
Pero Norma Piña y algunos ministros que se enfrentaron a un Poder Ejecutivo y una mayoría legislativa adversa (antes eran respetuosos al grado de permitirles proponer nombres para ministros de la Corte) pensaron que la autonomía del poder y la independencia de los jueces, les permitía atentar contra la propia Constitución.
Así, vimos las primeras suspensiones en acciones de inconstitucionalidad cuando la ley las prohíbe y la Constitución no las prevé. Se empezaron a invalidar normas por procedimientos legislativos, cuando antes el criterio era que discutido en Pleno se purgaban los vicios, pero era más sencillo eso que entrar al fondo de los temas para discutir la materia de dichas leyes. Generaron autodefensas abusando de su poder al proteger con suspensiones fideicomisos que solo amasaban grandes cantidades de dinero y daban enormes beneficios a las instituciones fiduciarias, de forma que los intereses generados eran mayores que el monto utilizado para las prestaciones laborales de los trabajadores. Y Piña, aplaudida por la oposición, decidió entrar en el ámbito electoral.
Piña intervino en lo electoral: amenazando magistrados electorales con no cambiar a su presidente que era afín a una fuerza política de oposición; invitando a cenar a los magistrados electorales durante el proceso electoral con el presidente de un partido político; fomentando acercamientos con la Marea Rosa que comenzó como un movimiento de intocabilidad del INE y de la Corte, pero terminó quitando su máscara para intervenir en favor de las fuerzas de oposición en el proceso electoral; impulsando una suspensión con un juez a modo para cambiar los equilibrios del Tribunal Electoral y así intervenir para evitar la asignación mediante la fórmula usada desde hace décadas que dio a la 4T una mayoría calificada. Hoy, se dice, su ponencia la ve después de agosto de 2025 como líder de la oposición y participando para ser presidenta de la República en 2030, así de absurdo como se oye, pero que la dibuja de cuerpo entero: emborrachada de poder.
Piña creyó que engañando al presidente iba a quedar bien con todos. Propuso entregar los fideicomisos para ayudar a Acapulco y, a la par, pidió a jueces otorgar suspensiones para que ello no sucediera, con lo que se burló del Ejecutivo; hecho que derramó el vaso de las confrontaciones. También intentó burlarse de la entonces secretaria de Seguridad, hoy de Gobernación, diciéndole te conviene que la Guardia Nacional quede en tu Secretaría para que tengas más poder y presupuesto.
Norma Piña fue la motivación esencial que convenció al presidente de una reforma radical que no resolverá los problemas del sistema de justicia, pero que concibió como indispensable comenzar por quitar a las personas y después reformar los procesos. Cuando se ha hecho a la inversa, no ha funcionado: el sistema penal se reformó en sus procesos, pero mantuvo a las personas y hoy es peor que antes de 2008.
Desde la elección de junio de 2024 los errores de Norma Piña y su soberbia se han potenciado: primero, negando que tendría la 4T la mayoría calificada; segundo, cerrando los espacios políticos para proteger lo esencial del Poder Judicial de la Federación, que son los jueces y magistrados; tercero, alentando una ‘resistencia’ (aunque parezca impensable ella públicamente lo definió así) contra el poder público emanado en las urnas el 1 de junio; cuarto, paralizando la impartición de justicia federal y sosteniendo un paro ilegal con la continuidad del pago de los salarios a todos; quinto, propiciando suspensiones absurdas para que no se discutiera la reforma judicial, después para dar efectos restitutorios ordenando dejar sin efectos la publicación de la reforma y, en el colmo del error, instar al INE y al propio CJF a no participar en el proceso de elección judicial; sexto, y lo más increíble de todo, alineando a una mayoría de la Corte para hacer pensar que pronto puede dejarse sin efectos con una sentencia la reforma judicial.
El absurdo de esta ‘resistencia’ ha alcanzado ya a los propios jueces y magistrados, pues la negativa del Consejo de la Judicatura de enviar la información al Senado sobre las vacantes y solicitudes de retiro voluntario, hubiese implicado que por insaculación se decidiera que la mitad de los órganos jurisdiccionales fuesen a la elección de 2025, cuando la reforma señaló que se iniciara con las vacantes. Así, esta negativa iba a adelantar la separación del cargo de cientos de jueces y magistrados más de lo previsto.
Hoy ha pasado lo impensable. El órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación decidió no acatar por absurdas las suspensiones otorgadas para detener la reforma judicial emitidas por jueces impedidos por tener interés personal.
Hay voces que sostienen con razones la inoperancia de la reforma judicial, sus pocos o nulos beneficios a la justicia; hay otras voces que razonan sus beneficios. Pero la ‘resistencia’ liderada por Norma Piña (quien está impedida de conocer del asunto porque hasta marchó contra la reforma) está dañando el tejido institucional de una forma sin precedentes.
Es momento de pensar en utilizar los otros pesos y contrapesos del Estado mexicano para evitar este daño institucional: que se deje de pagar a quienes no trabajan, que se inicien las auditorías respectivas, que comiencen los procesos constitucionales para definir si existen responsabilidades administrativas, penales o políticas en esta ‘resistencia’. El sistema de contrapesos es para evitar que se paralicen los servicios públicos como lo es la impartición de justicia y para evitar crisis constitucionales por el actuar indebido de quienes detentan tanto poder como una presidenta de la Suprema Corte.
Es momento de reflexión y de que todos, comenzando por los ministros, serenen sus ánimos y se retome la política como un ejercicio de colaboración de poderes, de entendimiento y de construcción de las mejores herramientas para México, que tiene ante sí grandes retos económicos, políticos y sociales como para poner en ácido para su destrucción el tejido institucional.
Es un llamado urgente y creo pertinente a todos los actores políticos, sociales y económicos del país.
POSTDATA
Se dice que los ministros anti-4T renunciarán el miércoles, con efectos en agosto de 2025. Así no perderán su haber de retiro completo y con las remuneraciones actuales, con lo que tendrán cómoda situación económica. Los jueces y magistrados no gozarán de ese beneficio; a los ministros siempre les importó más su haber de retiro que las consecuencias aún desconocidas de la reforma judicial. Al final, humanos pensaron solo en ellos mismos, ni en el país ni en el PJF.
