En realidad, el principal y único escollo para que Pedro Sánchez consiga aprobar los Presupuestos que ya aplazó en primavera es el voto de los siete diputados de Junts . Este dato, y el descaro con el que Sánchez defendió la reforma que concederá la excarcelación anticipada de presos de ETA, permite concebir que se está desarrollando un pacto secreto entre el PSOE y Bildu que no sólo incluía la alcaldía de Pamplona, sino muchas más cosas que ni siquiera imaginamos. Pero el elemento clave en el Congreso de los Diputados es Junts, que ya tumbó el techo de gasto y que es consciente de que tiene la llave de la legislatura. Sin embargo, su líder, Carles Puigdemont, está molesto con los socialistas y especialmente con Sánchez, porque a sabiendas de que es «un mentiroso y un incumplidor», como le llamó en julio de 2023, siente que le volvió a engañar con una amnistía de la que no ha podido beneficiarse por decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, después de la incursión con calculada impunidad del expresidente prófugo en Barcelona, el PSOE se ha dado mucha prisa por restablecer los contactos en Ginebra, que es donde realmente funcionan los órganos de dirección del PSOE. Como parte de estas negociaciones, Junts parece haber identificado un elemento que podría interesarle. Se trata de forzar al Gobierno a que abone a la Generalitat las cantidades no ejecutadas de las inversiones millonarias que se presupuestan todos los años en Cataluña. Según Junts, Sánchez promete una lluvia de millones para Cataluña y se compromete formalmente incluyéndolos en los Presupuesto Generales del Estado, pasando la ley por las Cortes, pero después flaquea a la hora de ejecutarlos y ese dinero se queda sin desembolsar en las arcas del Estado. ERC, el PNV y Compromís comparten esta queja de los separatistas que lidera Puigdemont, pero no han conseguido cambiar las cosas. Si los de Junts lo logran podrían volver a presumir de que siempre consiguen más de Sánchez que ERC. Resulta significativo que Hacienda haya dejado de publicar los datos de la inversión territorializada como se hacía desde 2009 por un compromiso adoptado por José Luis Rodríguez Zapatero. La serie histórica se ha interrumpido en junio de 2022 y no se ha explicado por qué. Sin embargo, los datos entre 2015 y 2022 demuestran que en Cataluña se ha ejecutado en promedio el 60 por ciento de lo presupuestado. Esto supondría casi 6.000 millones de los 32.000 millones que quedaron pendientes de ejecución. Según Junts, la cantidad afectada entre 2015 y 2023 sería de 8.000 millones. La demanda en todo caso, conectaría con la campaña iniciada por la patronal catalana Foment del Treball que lleva meses denunciando que hay un déficit de inversión en Cataluña de 42.000 millones sin considerar que una parte de ello se debe a las distracciones y el bloqueo administrativo que provocó el propio 'procés'. Los expertos de Hacienda y los administrativistas ven muchas dificultades para que esta demanda se pueda satisfacer. Por una parte, se pierde el sentido finalista de los fondos asignados en los Presupuestos y eso puede dar lugar a que la Generalitat los use en otras cosas. También es probable que otras comunidades pidan lo mismo. Sin embargo, es seguro que para un político como Sánchez, que ha conseguido aprobar una amnistía que no está prevista en la Constitución para absolver a políticos delincuentes, que ha aprobado leyes para soltar a depredadores sexuales y terroristas con tal de satisfacer a sus socios en el poder, esto no sean más que otra nimiedad.