Más de 300 años suman los cumplidos en cárceles francesas por los etarras que se van a beneficiar de la reforma legislativa pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu y que deberán ser descontados de los que les quedan de permanencia en prisiones vascas y navarras. Algunos de ellos saldrán a la calle el mismo día que dicha norma entre en vigor.
El argumento que se ha utilizado para justificar esta auténtica afrenta a las víctimas del terrorismo de que los etarras van a cumplir íntegras sus condenas, las impuestas en España, no es válido. Una de las condiciones que siempre ha impuesto Francia para entregar a un terrorista es que no fuera juzgado por delitos por los que ya fue condenado por los tribunales galos. Es decir, que una cosa son los delitos cometidos en Francia, casi siempre pertenencia a banda armada, tenencia de armas y explosivos, uso de documentación falsa o robo de vehículos, aparte de algún asesinato consumado o en grado de tentativa (condenas a cadena perpetua); y otra bien distinta son los perpetrados en territorio nacional, casi siempre asesinatos, secuestros, colocación de explosivos y un largo etcétera bien conocido por los que han sufrido esta lacra criminal.
Sonrisas y lágrimas, pero no es la película. Las risas, la mayoría burlonas, se han visto en las caras de los políticos, con el presidente del Gobierno a la cabeza, por el gol que le han colado a la oposición, PP y Vox, al ser aprobada, por unanimidad, una reforma que permitirá a más de 40 miembros de la banda terrorista ETA acortar sus penas de prisión gracias al cómputo de los años que estuvieron en las cárceles francesas, una vez fueron detenidos en territorio galo.
La mayoría de ellos ejercía como cabecillas en lo que se dio en denominar «santuario francés». Desde allí ordenaban los atentados que se cometían en España por parte de las células que ellos mismos dirigían.
Ahora, en cárceles vascas y navarras, habrán mostrado su satisfacción porque EH Bildu, alguno de cuyos representantes ya les ha visitado (se supone que para compartir la alegría por lo conseguido) cumple y, sobre todo, hace cumplir al Gobierno socialista los compromisos adquiridos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez o los Presupuestos.
Las lágrimas, una vez más, están del lado de las víctimas, que esta vez se han quedado más solas de lo habitual. Los golpes de pecho de los que se equivocaron y, sobre todo, la insistencia de los otros de que están obligados a beneficiar a los etarras, a costa de mantener el poder, los llevan a un sentimiento entre la rabia y la impotencia.
Entre los etarras que van a ver recortadas sus penas, hasta el punto de que dentro de pocos meses estarán en la calle, hay sangrientos terroristas, aunque algunos de ellos, como Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», el ejemplo del etarra no arrepentido, parece que finalmente no se beneficiará de esta reforma y seguirá en la cárcel hasta el año 2031, pese a que en un primer momento parecía que sí iba a ser uno de los que vería reducidos sus años entre rejas.
En cambio, su pareja, Irantzu Gallastegi Sodupe, alias «Amaia», que le ha acompañado en muchos de sus crímenes, sí que es una de las presas que mejorarán su situación gracias a esta reforma de la ley. Tenía previsto abandonar la cárcel en 2032, pero finalmente podría salir de prisión en 2026.
Un compañero de andanzas criminales de los dos anteriores y que pronto puede salir en libertad es Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado por matar a Gregorio Ordóñez Fenollar, Mariano de Juan Santamaría y Enrique Nieto Vileya, inspector jefe de la Policía Nacional que fue asesinado en San Sebastián después de ser nombrado responsable de una unidad antiterrorista y que desde el Gobierno Civil se le obligara a comparecer en una rueda de prensa en la que los etarras pudieron reconocer su cara para poder iniciar los preparativos del atentado.
Juan Carlos Iglesias, alías «Gadafi», abandonará prisión, si no lo hace antes por alguna circunstancia, en 2033 en vez de 2038, como estaba previsto. También tiene a sus espaldas una larga lista de asesinatos que se le atribuyen: José Manuel Alba Morales, Luis Alberto Sánchez García, Ramón Bañuelos Echevarría, Luis Alfredo Achurra Cianca, José Manuel Cruz Martín, el niño Fabio Moreno, Pedro Carbonero y José Anseán Castro.
Mención aparte merece María Soledad Iparraguirre Guenechea, alías «Anboto», que llegó a dirigir las células «legales», integradas por terroristas no fichados que normalmente se dedicaban a preparar los atentados para que pudieran ser cometidos por los «liberados» (fichados y a sueldo de la banda). Vería reducida su condena porque pasó 15 años en cárceles francesas. La fecha de la extinción de la pena estaba fijada para 2141, pero son pocos los que dudan que ya se articularán nuevos beneficios para que, tanto ella como los demás pistoleros obtengan la libertad cuanto antes.
Otro de los cabecillas del llamado «aparato militar», José Javier Arizcuren, «Kantauri», saldrá previsiblemente en libertad en los próximos meses de la cárcel de Pamplona en la que se encuentra. Fue uno de los inductores del secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara. También ha sido condenado por su relación con los asesinatos de Pedro Ortiz de Urbina Garayalde, Antonio Ligero, Rafael Mucientes, Fernando Múgica Herzog, Miguel Ángel Ayllón Díaz-González y el matrimonio formado por Alberto Jiménez-Becerril Barrio y Ascensión García. Estos últimos crímenes, perpetrados por el «comando Andalucía» que él dirigía desde Francia.
José María Arregui Erostarbe, «Fiti», era uno de los tres integrantes del colectivo «Artapalo», junto con Francisco Múgica, «Pakito», y José Luis Álvarez, «Txelis», cuando fueron detenidos en marzo de 1992 en la localidad francesa de Bidart, en una operación de la Guardia Civil de Inchaurrondo, la cual estuvo dirigida por el entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo.
Félix Alberto López de la Calle Gauna, «Mobutu», es uno de los etarras que más años ha cumplido en las prisiones francesas. Llegó a ser jefe del «aparato de logística» y se le relaciona con numerosos asesinatos de la banda. Podría salir de prisión una vez que entre en vigor la polémica reforma legislativa.
Otros beneficiados serán Juan Antonio Olarra Guridi y Ainoa Múgica Goñi, quienes estuvieron, después de formar parte de células, al frente del «aparato militar» de la banda, desde el que ordenaron numerosos asesinatos, entre ellos algunos de los perpetrados por el «comando Madrid». Pueden estar en libertad en 2029, tras los años de cárcel cumplidos en Francia.
