El Poder Judicial declaró fundada la cuestión previa planteada por la defensa de Jorge del Castillo y ordenó la anulación de toda acción en su contra dentro de la investigación fiscal por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, relacionados con el caso Odebrecht. Así lo decidió la jueza Soledad Barrueto, quien determinó que, antes de ser procesado judicialmente, el exparlamentario aprista debía ser sometido a un antejuicio político debido a su condición de excongresista.
"Declarar fundada la cuestión previa deducida por la defensa técnica del ciudadano Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez respecto a los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos con agravantes en agravio del Estado. En consecuencia, nulo todo lo accionado respecto a dicho ciudadano, debiendo seguirse el trámite previo establecido para el antejuicio político", se lee en la resolución.
Según el documento al que La República tuvo acceso, la defensa legal de Del Castillo solicitó (desde mayo) la nulidad del proceso argumentando que, al haber sido congresista, este contaba con una exención que requerían un procedimiento especial antes de enfrentar un juicio penal. En ese entonces, el juez Richard Concepción Carhuancho negó dicha cuestión previa. Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional anuló esta decisión.
Ante ello, el tribunal de apelaciones pidió que otro magistrado, en este caso Barrueto Guerrero, evaluara nuevamente el recurso, solicitud que ha respaldado conforme al artículo 99 de la Constitución Política. Según la tesis fiscal de la investigación, ahora anulada, Jorge del Castillo habría efectuado aportes y dirigido actos de fraccionamiento de dinero maculado proveniente presuntamente de Odebrecht durante las campañas electorales del 2006 y 2011 realizadas por el Partido Aprista.
Jorge del Castillo fue investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntos delitos de lavado de activos y la formación de una organización ilícita. Esta investigación estaba relacionada con las acusaciones sobre una suma de 200.000 dólares que, según Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, habría entregado al exministro Luis Alva Castro para financiar la campaña electoral de Alan García en 2006.
Además, el excongresista enfrentaba acusaciones junto con otros implicados por el delito de asociación ilícita para delinquir, de acuerdo con el artículo 317 del Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo N.º 982 en 2007. Sin embargo, el Poder Judicial anuló la investigación contra él en el marco del caso Odebrecht, al determinar que debía seguirse el procedimiento de antejuicio político por su condición de exparlamentario.
