El legislador del partido Perú Libre, José María Balcazar, ha presentado un proyecto que buscaría someter las decisiones de los jueces al hacer que las leyes pasen primero por el Tribunal Constitucional. La ley busca modificar el artículo 14 de La Ley Orgánica del Poder Judicial sobre control difuso. Es decir que antes de aplicar control difuso se presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, para que sean los magistrados quienes decidan si esa ley es constitucional o no.
En declaración exclusiva para La República, el constitucionalista César Delgado Guembes, comentó que este proyecto si bien no es manifiestamente inconstitucional, sí debilitaría la competencia del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones como órgano de control difuso de la constitucionalidad de la legislación nacional.
"Lo hace al limitar la capacidad del juez que, antes de inaplicar la norma inconstitucional, supedita y suspende la atribución que le corresponde según la Constitución, a la consulta que debe realizar ante la Sala Constitucional de la Corte Superior. Y lo hace, además, al distinguir el control difuso entre normas legales, en general, y las normas legales aprobadas por el Congreso de la República. Esta última atribución sí puede incurrir en una modalidad de inconstitucionalidad, porque, según la Constitución, no hay diferencia entre las normas de la misma jerarquía, fuerza y rango legal. Las leyes aprobadas por el Congreso no tienen jerarquía, rango, ni fuerza, superior a toda otra norma legal", señaló Delgado Guembes.
Asimismo, resaltó que la competencia de los jueces para inaplicar cualquier norma legal contraria a la Constitución, es la misma, sin distinción constitucional alguna. Por otro lado, también recalcó que la Constitución no le reconoce facultades consultivas al Tribunal Constitucional, ni como órgano constitucional de control orgánico del Poder Judicial.
El Congreso aprobó una ley que le beneficia en el contexto de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, relacionada con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta norma modifica aspectos claves sobre la relación entre poderes del Estado, afectando las competencias del Tribunal en decisiones que involucran al Congreso. El dictamen contó con 70 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País y Somos Perú.
Esta decisión ocurre en medio de un conflicto sobre la destitución de los integrantes de la JNJ, una medida que ha sido muy cuestionada por otros sectores políticos y la opinión pública. El dictamen reduce a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional resuelva demandas competenciales y su aplicación es válida para procesos pendientes de resolver.
