A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Lima manifestó su preocupación y rechazo a varios proyectos de ley que el Congreso de la República debatirá este viernes 11 de octubre. Entre las propuestas legislativas que se revisarán está el de establecer sanciones disciplinarias y penales para jueces y fiscales que dictan detenciones preliminares o sentencias revocadas, lo que podría poner en riesgo la independencia judicial y afectar el ejercicio de la función jurisdiccional. Además, la Sala Plena se deslindó de responsabilidades sobre cualquier inconducta de sus miembros, con relación a la jueza María Vidal la Rosa Sánchez y su presunta cercanía con Andrés Hurtado 'Chibolín'.
"El Congreso, va a someter a debate y votación en su Pleno, los proyectos de Ley No. 1192/2023 y otros que modifican la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal, estableciéndose sanciones disciplinarias y penales a los jueces que dictaren detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria y fueran revocadas por la instancia superior, pretendiéndose de manera similar sancionar también a los fiscales que hubieren solicitado dichas medidas", se lee en el documento publicado a través de sus redes sociales.
Bajo este mismo contexto, los jueces superiores de la Corte de Justicia de Lima señalaron también que el Parlamento está sometiendo a votación trece proyectos de ley que pretenden modificar el Código Procesal Constitucional, suprimiendo el proceso cautelar y la ejecución inmediata de la sentencia cuando el Congreso forme parte. "Esto motiva una honda preocupación y amerita un debate más amplio y responsable del proyecto de ley en mención, más aún si dichas modificaciones podrían acarrear la responsabilidad del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", acotaron.
Con relación al crimen organizado, en el comunicado, los jueces superiores de la Corte de Lima resaltan que el Congreso ha aprobado las Leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 sin ninguna observación por parte del Gobierno. "Estas normas han debilitado al Poder Judicial y a los jueces, para enfrentar la criminalidad organizada que han contribuido a la inseguridad ciudadana, al incremento de la delincuencia y los actos de corrupción", puntualizaron.
Finalmente, tras la suspensión de 6 meses por parte de la Autoridad Nacional de Control a la jueza superior María Vidal la Rosa Sánchez, la Sala Plena rechazó "toda inconducta funcional en la que haya incurrido algún miembro de nuestra Corte", ello por las presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones y su vinculación con el expresentador de televisión.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) ha suspendido de manera preventiva por seis meses a la jueza superior y presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal la Rosa Sánchez, debido a presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con el caso de Andrés Hurtado.
Durante este período de suspensión, el juez superior decano de la Corte de Lima, Ricardo Vinatea Medina, asumirá la presidencia de la Corte Superior. Su mandato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que finaliza el mandato de la Rosa Sánchez.
En una entrevista, Vidal la Rosa admitió haber utilizado en varias ocasiones los servicios de ‘Infinitum Travel’, la agencia de viajes de Hurtado. Además, se ha iniciado un procedimiento disciplinario para destituir a la magistrada por estas faltas.
