La financiera Desyfin presentó, la tarde de este viernes, un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra las actuaciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) que llevaron a la intervención de la entidad y su declaratoria de inviabilidad.
En un documento de 166 páginas, de las cuales tiene copia La Nación, Silvio Lacayo Lacayo, quien era presidente de la Junta Directiva de Desyfin, argumentó que en el proceso ordenado por el Consejo supuestamente hubo una denegación de derecho de defensa y violación al debido proceso.
“Solicito respetuosamente a esta Sala Constitucional que se anule la intervención adoptada por el Conassif, en el artículo 4 de la sesión 1883-2024 y todos los actos y resoluciones subsecuentes que derivaron de ella", pidió Lacayo.
El amparo está en trámite bajo el expediente 24-028589-0007-CO, según consta en el portal de consultas de expedientes del Poder Judicial.
El argumento del empresario es que cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) presentó el informe confidencial SGF-DSII-0020-2024, del 8 de agosto pasado, no se les notificó ni dio audiencia previa para referirse al documento. Por ello pidió que se les brinde el plazo para presentar los recursos ordinarios que procedan.
La Nación consultó al Consejo por correo electrónico, a las 3:55 p. m., sobre el reclamo de Lacayo Lacayo. Se está a la espera de la respuesta.
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El Conassif declaró inviable, este 9 de octubre, a Desyfin y ordenó el proceso de resolución inmediato debido a que no fue posible concretar un plan de salvamento de la entidad, que operaba como institución financiera no bancaria desde 1998. El intermediario fue intervenido el pasado 13 de agosto por administración deficiente de la cartera de crédito.
La decisión se tomó después de que en el proceso de intervención se hiciera un ajuste contable por ¢17.015 millones, lo que llevó a pérdidas acumuladas de ¢21.968 millones entre enero y agosto de este año. Ese resultado consumió todo el patrimonio y dejó, además, un faltante de ¢6.704 millones.
En el documento entregado a la Sala, Lacayo afirma que la Sugef no envió a la financiera el resultado de la fiscalización especial previo a recomendar la intervención al Consejo.
“El Conassif ordenó la intervención sin que Desyfin hubiera sido notificado de ese informe que describía supuestas faltas e irregularidades. Luego el Conassif, al interponerse el recurso de reconsideración contra la intervención, no corrigió el vicio de nulidad y únicamente extendió el plazo para recurrir en cinco días hábiles", afirmó el empresario en el amparo.
Adicionalmente, consideró que tanto el Consejo como la Superintendencia violentaron los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, al imponer la intervención y todos los actos posteriores, como la declaratoria de resolución, sin que pudieran impugnar las medidas.
Además, se indicó que el día 13 de agosto, cuando los interventores tomaron posesión de la entidad, fueron impedidos de acceder a datos cruciales de los expedientes de crédito y otros documentos, esenciales para refutar las conclusiones de la Sugef.
“Al no tener acceso a esta información, se ha agravado la situación de indefensión de la empresa, ya que se le ha imposibilitado contrarrestar los argumentos contenidos en dicho informe confidencial", sostuvo Lacayo en su escrito.
El empresario también pidió a la Sala IV que se condene a la Sugef y el Conassif al pago de costas, daños y perjuicios incurridos contra Desyfin.
