La Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) muestra su profunda preocupación ante la Propuesta de Reforma Fiscal presentada esta semana, la cual afecta drásticamente nuestra industria y la inversión millonaria dirigida al desarrollo de productos innovadores en el país.
El establecimiento de un impuesto selectivo al consumo de un 75 por ciento del impuesto ad-valorem, sumado a un arancel del 20 por ciento, implicaría un aumento de precios insostenible en estos productos, incentivando la desaparición de esta industria formal, y el incremento o surgimiento del comercio ilegal en este segmento.
Este tipo de efectos los advertimos en 2012, cuando la Reforma Fiscal de entonces incrementó en un 40 por ciento el impuesto a los cigarrillos, lo que provocó un dramático aumento de la ilegalidad del 1 % al 50 % de participación en solo tres años.
Además, tampoco se cumplieron los objetivos de la reforma en este momento, debido a una reducción de la recaudación fiscal.
A pesar de que es justo reconocer la gran labor realizada por el Gobierno actual en lo referente a la lucha contra el comercio ilícito, nuestro sector ha venido sufriendo una caída de un 62 % de su volumen legal hoy en día.
Repetir el error del pasado es innecesario y contraproducente.
Una modernización fiscal en República Dominicana debería tomar en consideración las mejores prácticas a nivel global.
Sin embargo, estas medidas, que no resultaron de un proceso de diálogo, representan una involución en materia de recaudaciones y un bloqueo a la innovación, mismo que contradice las tendencias internacionales que apuntan a un impuesto específico en base al volumen de contenido, sobre la base de una política de fomento a mejores alternativas basadas en ciencia, que establece un claro tratamiento tributario diferente a los productos tradicionales de combustión.
Entendemos que un saneamiento a nivel fiscal es necesario y demanda la colaboración de todos los actores.
Desde el sector, somos conscientes de que la colaboración y la comunicación constantes son clave para que las alianzas público-privadas funcionen.
Es por ello por lo que apoyamos desde hace más de una década al Gobierno dominicano con recursos de inteligencia, campañas de comunicación, capacitación y aportes en equipos que permiten a las autoridades realizar una mejor labor en áreas tan importantes como la lucha contra el comercio ilícito, la seguridad ciudadana, entre otros.
Finalmente, estas medidas perjudicarían a cientos de miles de adultos fumadores a nivel local, que se verían obligados a consumir productos de origen dudoso e ilegal, afectando considerablemente con ello los objetivos de recaudación.
Hacemos un llamado a diálogo, a los fines de que este proceso efectivamente responda a los principios de consenso que fueron originalmente planteados como base de esta propuesta de reforma.
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