En una rueda de prensa, un representante del gremio de transportistas abordó la situación de la ley procrimen, que aún no ha sido derogada, afirmando que mientras eso no suceda, continuarán en el frente del Congreso. También comentó sobre el ministro del Interior, quien los calificó de ‘terroristas’. Además, anunciaron que el paro se extenderá por 24 horas más en Lima y Callao.
En el marco de las recientes marchas por el paro de transportistas, Edgar Victor, secretario general de Transportes Unidos, denunció que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, los ha calificado de "terroristas". Este rechazó enérgicamente dicha acusación, argumentando que "somos la mano de obra del pueblo peruano" y reafirmando el carácter pacífico de sus protestas.
Además, el dirigente reiteró su compromiso con la lucha contra la denominada "ley procrimen" y aseguró que no abandonarán el Congreso hasta que sea derogada, con el fin de garantizar el respeto que, según él, la población merece. Asimismo, instó a la ciudadanía a unirse a las movilizaciones, subrayando la importancia de la participación activa para alcanzar sus objetivos.
Julio Campo, vicepresidente de la Alianza de Transportistas, señaló "Van a tener un Pleno Extraordinario para que lo puedan ver si lo van a derogar o simplemente va a ser un paseo para toda la ciudadanía del país. Lo estamos comunicando a toda la ciudadanía para que mañana nos acompañen a la avenida Abancay, frente al Congreso, para tener el apoyo necesario y pueda ser derogada la ley procrimen, la 32108".
Ante ello, los líderes de los transportistas dejaron claro que mantendrán la protesta si el Congreso solo realiza modificaciones a la ley contra el crimen organizado. Piden su completa derogación y que se archive el proyecto relacionado con el terrorismo urbano.
Uno de los voceros de los transportistas afirmó que están representando a todos los peruanos que han sido gravemente afectados por temas como el sicariato, el terrorismo y las distorsiones, tras su salida del Congreso.
El paro surge como respuesta de los transportistas al aumento de casos de extorsión y amenazas que sufren a diario por parte de organizaciones criminales. Ellos exigen al Gobierno la implementación de medidas más estrictas para enfrentar estos delitos y proteger tanto a conductores como a empresarios. Las protestas se vienen llevando a cabo en varios puntos de Lima, afectando no solo el transporte, sino también el desarrollo habitual de las actividades diarias.
