Debo iniciar precisando que en economía se aprenda a citar a cada cosa por su nombre para que se puedan entender mucho mejor.
En efecto, el gobierno dominicano ha dado a conocer su intención de promover una reforma fiscal, sin embargo, una mirada detenida sobre tal propuesta lo primero que queda evidenciado es que se trata de una reforma tributaria y como tal hay que darle ese tratamiento e interpretación para fines del debate.
Interesado en recaudar RD$ 122, 486.6 millones, o el equivalente al 1.5% del PIB, a la propuesta de reforma se le ha calificado como de “Ley de modernización fiscal” para justificar como incrementar la base imponible de su reforma.
Esto a legua da señales de falta de creatividad y carencia de innovación de fiscalidad, por tanto, nada de modernización ya que la base sustantiva sigue siendo las mismas figuras; impuesto sobre la renta, impuesto a la propiedad, impuesto al valor agregado e impuesto selectivo al consumo, pero tampoco lo es cambiar el termino ITBIS por IVA.
En lo expuesto solo se refleja que el único objetivo de la propuesta de reforma fiscal es recaudar más, lo cual deja la duda si de lo que se trata es si lo que se persigue es gastar más o cubrir el exceso de gastos.
Esta inquietud parte del hecho de que los impuestos, por su naturaleza, son el monto de recursos financieros que el Estado sustrae del sector privado, personas física y jurídica, de forma coactiva como medio de contribuir a la financiación general de la actividad pública.
El enfoque planteado define que los impuestos se constituyen en una transferencia económica obligatoria caracterizada por la ausencia de contraprestación.
Esto significa que es el sector público quien establece unilateralmente la cantidad a pagar y los agentes privados están obligados a pagar esa cantidad que se fija mediante una ley ya que los impuestos no se instituyen de manera administrativa.
A la Luz de la verdad, hay que destacar que la solvencia financiera del Estado proviene de la capacidad para recaudar impuestos de la riqueza que se genera en el país.
No obstante, el Estado puede desarrollar alternativas de ingresos para financiar sus gastos como los que se generan del patrimonio y actividades de las empresas del propio Estado.
En el caso dominicano, los ingresos del Estado dependen en más de un 92% de impuestos, básicamente de aquellos que gravan el consumo, el impuesto al patrimonio y la renta.
Y esta es una razón poderosa mediante la cual el gobierno no debe justificar una reforma tributaria haciendo comparaciones improcedentes con otros países donde sus ingresos no tienen una alta dependencia de impuestos sino de fuentes no tributarias.
Plantearse una ley de modernización fiscal implica migrar de un sistema tributario regresivo, basado en impuestos indirectos, hacia un sistema tributario progresivo, apoyado en impuestos directos.
Para fines de recaudación, en el sistema tributario dominicano, este descansa en los impuestos indirectos, esto es, que grava el consumo de bienes y servicios y la compra de determinados activos.
Para que la “ley de modernización fiscal” sea eficiente en su objetivo, debió tener un mínimo de componente de progresividad en la inteligencia de que mediante el mismo estos gravámenes son los que garantizan un acrecentamiento de las recaudaciones a medida que los contribuyentes exhiben una capacidad económica superior.
Pero en la lógica de los impuestos, el gobierno se decantó por preservar y acentuar el sistema tributario regresivo, por tanto, cargar a la clase media y a los que menos pueden con sus pretensiones recaudadora, tal como se evidencia en la propuesta al impuesto a la propiedad inmobiliaria, la eliminación de exención IVA, a la compra por internet hasta US$200 dólares, aplicación de una tasa generalizada del IVA de 18% y el incremento al impuesto a la circulación de vehículo.
No hay que ser un experto en logaritmo para entender que los impuestos afectan a la conducta económica de manera general, pero una subida de estos empeora el bienestar de los ciudadanos.
Desde una perspectiva de los principios básicos de la tributación optima, se entiende que la política tributaria ha de concebirse en imaginar una estructura tributaria para mermar la perdida del bienestar que se produce al recaudar una determinada cantidad de ingresos, sin embargo, en la propuesta de reforma tributaria lo que se observa es una escalonada destrucción del bienestar de la gente.
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