Los partidos del Pacto por México prometieron el paraíso: la inversión privada en toda la cadena productiva de los hidrocarburos y en la generación de electricidad se traduciría en precios más bajos para los consumidores. Ese escenario nunca ocurrió y, como sabemos, la reforma de Enrique Peña Nieto (2013) se tradujo en una mayor dependencia de las importaciones de gas y gasolinas y en el desmantelamiento de las empresas del Estado que tuvieron que cargar con los costos mientras los privados se hacían con las ganancias.
La reforma peñista implicó una privatización en las sombras, puesto que se abrió la puerta a los particulares, con la promesa de que, gracias a las inversiones, el precio de la electricidad iría a la baja, lo mismo que en el caso del gas natural. En ambos casos, no hubo tal disminución de precios.
El dogma neoliberal sostiene que el mercado es más eficiente y constituye la garantía de expansión y mejoramiento de la infraestructura. Tal dogma no tiene sustento en la realidad, como ejemplifica el caso de los ferrocarriles: desde su privatización, en 1996, y hasta 2019, la red ferroviaria creció sólo 0.9%, mientras las ganancias de las empresas privadas superaron el 100% (datos de la Cofece). A ese crecimiento ridículo, se sumaron la extinción de los trenes de pasajeros y la aparición de monopolios regionales privados.
Con la finalidad de corregir el rumbo, en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que tenía como finalidad recuperar nuestra soberanía energética. Se trataba de devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su papel de rector de la industria y tocaba elementos como el despacho de energía, la asignación de contratos de cobertura eléctrica y la adquisición de certificados de energía limpia.
La iniciativa dio lugar a diversos amparos y el asunto llegó, como es sabido, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó favorecer a los privados con el argumento de que las modificaciones darían un trato privilegiado a la empresa pública.
El caso se sumó a una abultada lista en la que el máximo tribunal de la nación favoreció intereses privados por encima del interés general.
En febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó un paquete de iniciativas que incluye la propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, en lo que corresponde a áreas y empresas estratégicas. Dicho paquete recibió el aval de la entonces candidata Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo incorporó a sus propuestas de campaña.
Tras la victoria electoral de la doctora Sheinbaum y de nuestro movimiento en el ámbito legislativo, se abrió la posibilidad de aprobar las reformas propuestas. En el caso del sector eléctrico, la iniciativa plantea devolver al texto constitucional el concepto de empresas del Estado, con el fin de establecer claramente la rectoría del Estado en el área (Artículo 25).
Con las propuestas de reformas a los artículos 27 y 28 se establece que no se otorgarán concesiones para la explotación del litio, un mineral de gran valor para las nuevas tecnologías. Así las cosas, el Estado regulará la exploración, explotación y uso de dicho mineral.
Igualmente, que el Estado mexicano tiene rectoría plena sobre el sector eléctrico y que la intervención de los particulares será regulada en las leyes secundarias.
Con el cambio propuesto al Artículo 27 se atienden los compromisos ambientales (vía la promoción de energías limpias), en consonancia con el derecho humano a un medio ambiente sano.
Otro punto muy relevante de la iniciativa establece que en los casos del litio y del servicio de Internet no se considerará la existencia de monopolios. El servicio de Internet, indispensable en la vida moderna, constituye una herramienta para cumplir con el derecho humano de acceso a la información.
El consumo de energía eléctrica está directamente relacionado con la calidad de vida de las personas. De la actividad humana más sencilla a la más compleja cirugía, dependemos de un servicio que no puede estar sujeto a la lógica del lucro ni a los intereses de empresas privadas o gobiernos extranjeros.
De ahí la importancia de una reforma que se encamina a preservar la seguridad y autosuficiencia energética del país y proveer el servicio eléctrico al precio más bajo posible.
La participación privada es bienvenida, supeditada a criterios de planeación que den la mayor eficiencia a la industria.
