Un guardia civil se enfrenta a una posible condena a seis años de prisión por tratar supuestamente de sobornar y coaccionar a un empleado de la zona de carga del aeropuerto de Barajas para que sacara dos bultos que venían camuflados en una mercancía a cambio de 60.000 euros. La Fiscalía imputa a F. A. T. C., de 62 años, un delito de descubrimiento y revelación secretos y otro de coacciones.
El Ministerio Público señala en su escrito de acusación que en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Barajas se descubrió que el guardia civil, cabo 1º destinado en el Equipo de Explosivos del aeropuerto madrileño, se introdujo en la aplicación SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) para efectuar numerosas consultas en la Base de Datos de Señalamientos Nacionales (BDSN).
La primera consulta, para la que no estaba autorizado ya que no guardaba ninguna relación con su actividad profesional, la realizó sobre las ocho de la mañana del 16 de marzo de 2021. A través de la misma, el acusado obtuvo datos personales y patrimoniales de D. R. G., capataz de la empresa WFS de la terminal de carga del aeropuerto. Gracias a esta información, el agente contactó con él por teléfono tres días más tarde, y tras presentarse con el nombre de "Jose" e intentar entablar una conversación aludiendo a personas de la empresa a las que supuestamente conocía, le dijo que necesitaba que le hiciera el seguimiento de una mercancía, a lo que D. R. G. se negó.
Pese a ello, el 31 de marzo de ese mismo año el guardia civil acudió en persona al puesto de trabajo del capataz de la empresa WFS, y tras presentarse a éste como la persona con la que previamente había hablado telefónicamente, le ofreció sacar dos bultos que vendrían camuflados en una mercancía, ofreciéndole 60.000 euros por el encargo. El acusado, además, le indicó que llegarían a la terminal de carga dos cajas como sobrante de una partida comercial y que él mismo pasaría a recogerlas en el muelle del almacén.
De nuevo el empleado de WFS se negó y le reiteró que no le interesaba su proposición, pero el agente no se dio por vencido y le indicó que volvería a llamarle, insistiéndole en que se lo pensara detenidamente y marchándose del lugar tras haberle manifestado previamente al trabajador que sabía dónde vivían su exmujer y su hijo. Ese mismo día, volvió a recibir diversas llamadas del acusado conminándole a tener un nuevo encuentro con él, algo a lo que finalmente no accedió.
La Fiscalía pide para el acusado tres años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena, inhabilitación absoluta por un periodo de ocho años y que se le imponga una multa de 5.400 euros. Por el delito de coacciones, el Ministerio Público solicita al tribunal que le imponga otros tres años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El juicio se celebrará el próximo martes en la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid.
