La Conferencia Sectorial de Vivienda ha acabado con un sabor agridulce. Las comunidades autónomas se han mostrado dispuestas a colaborar para combatir la crisis de vivienda que atraviesa España, pero las diferencias ideológicas entre socialistas y populares harán difícil llegar a un plan común. El Gobierno sigue defendiendo a capa y España su fallida Ley de Vivienda, que topa el precio de las renovaciones de los alquileres y permite limitar la subida de los nuevos contratos mediante la declaración de zonas tensionadas -solo vigentes en Cataluña-, unas medidas que las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP, junto con Ceuta y Melilla, califican de "fracasadas e inoperantes".
La titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenazó la semana pasada con reducir la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda, unas declaraciones que no ha rectificado formalmente, ha reprochado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, tras el encuentro. "No hemos recibido ninguna disculpa", ha afirmado el consejero madrileño.
"Todas las regiones tienen un problema respecto a la situación que vive actualmente la vivienda y tenemos que llegar entre todos y entre todas las administraciones públicas a acuerdo, (...) pero desde luego hay que hacerlo con lealtad institucional", ha insistido Jorge Rodrigo. "Que por el mero hecho de no declarar zonas tensionadas se nos quite financiación autonómica es romper el principio de igualdad entre todas las comunidades", ha añadido. El partido presidido por Alberto Núñez Feijóo considera que proceder de esta manera sería un "chantaje".
No obstante, ha agradecido el cambio de criterio del Ministerio. Vivienda ahora asegura que "premiará" a las comunidades autónomas que cumplan la Ley de Vivienda, aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, sin quitar fondos a las que no lo hagan, como las gobernadas por el PP.
Pese a este posicionamiento más conciliador, Rodríguez aseguró que hay determinados aspectos de la Ley de Vivienda que las gobernadas por el PP no están cumpliendo: "Lo que obliga la ley es claro y contundente. Si hay zonas de extraordinaria emergencia, tensionadas, y existir existen, tenemos que actuar y las administraciones hacer lo posible para revertirlo en el menor tiempo posible". A este respecto, Jorge Rodrigo insistió en que " la intervención de precios es una herramienta que contempla la ley, pero cuya aplicación es potestativa por las comunidades autónomas que son quienes ostentan la competencia exclusiva en la materia”.
Las comunidades del PP así como Ceuta y Melilla insisten en su rechazo a aplicar la declaración de zonas tensionadas, a pesar de los incentivos ofrecidos por el Gobierno central. En su opinión, tendrían efectos contraproducentes, como el incremento de los precios y una reducción de la oferta de vivienda disponible. Según el comunicado publicado esta mañana por estas regiones y ciudades autónomas, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se incrementó un 32% y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%.
"Hay formas diferentes de ver las políticas de vivienda y nosotros consideramos que las políticas de vivienda deben estar enmarcadas dentro de un proyecto liberal, que es lo que estamos defendiendo. Y sin embargo, hay otras políticas que están supeditadas especialmente presionadas, como es el caso de este Ministerio, por otras políticas mucho más populistas, que son las de la izquierda radical", ha valorado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, el socialista Denis Itxaso, ha dicho que "no podemos permitir que la vivienda, que es un problema que afecta a tanta gente, sea pasto también de las llamas de la confrontación partidista". En el mismo sentido, el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha invitado al PP a no transitar por el "carril de la radicalidad" contra el Gobierno.
La ley de Vivienda que propone el PP incluye exenciones fiscales para los propietarios, buscando aumentar la oferta de alquiler y eliminar las zonas tensionadas. También plantea rebajas en el IRPF para los jóvenes durante sus primeros cuatro años de empleo, comenzando con una exención total el primer año y bonificaciones del 75%, 50%, y 25% en los siguientes. Además, el PP busca aumentar la disponibilidad de suelo y agilizar los trámites administrativos para construir hasta 200.000 viviendas anuales. También propone un régimen fiscal que favorezca donaciones familiares y facilite el acceso de los jóvenes a la compra o alquiler de viviendas. Por su parte, el PSOE va a presentar iniciativas en los parlamentos autonómicos para blindar el suelo público e impedir que pase a manos privadas, según ha informado la secretaria de Vivienda y Agenda Urbana de la Comisión Ejecutiva Federal.
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Cataluña, Silvia Paneque, destacó que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía catalana. En este sentido, afirmó que trabajarán conjuntamente con el Gobierno central para implementar el futuro Plan de Vivienda. Paneque también adelantó que el Observatori del Habitatge de la Generalitat de Cataluña publicará la próxima semana un informe que señalará una leve reducción de los precios tras la declaración de zonas tensionadas en la región. "Este dato nos motiva a seguir avanzando en esta dirección y en la ampliación del parque de vivienda social", concluyó la consejera catalana. Según la Generalitat, Paneque aplicar topes al alquiler en Cataluña ha dado "buenos resultados", con precios un 3-5% más bajos.
Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Susana Camarero, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "gobernar para engordar la caja de Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen al resto de autonomías". Camarero ha advertido que el cupo catalán "nos puede costar en materia de vivienda 165 millones, que no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas: 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 jóvenes que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad".
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha ratificado por unanimidad con las comunidades autónomas el reparto de los 200 millones de euros de la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven que podría aprobarse en Consejo de Ministros a mediados de este mes para poder empezar a funcionar en noviembre. Las cantidades son las mismas que en las convocatorias de 2022 y 2023 ante "la falta de Presupuestos", a pesar de que la ministra anunció que se aumentaría y se espera que llegue a 66.000 jóvenes. Desde la Comunidad de Madrid han pedido que su solicitud sea menos "farragosa". Además, la Comunidad de Madrid instó al Ministerio a gestionar una prórroga del Programa 6 de los Fondos de Recuperación Next Generation, para que la ejecución de los proyectos se extienda más allá de 2026.
