El Gobierno Central reactivó para el 2025 el uso de las partidas específicas para proyectos municipales en 84 cantones, pero sin especificar cuáles obras se financiarán con estos recursos.
En el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, entregado a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de agosto, se incluyó el programa Obras Específicas con un monto de ¢2.500 millones cuya distribución se hará vía decreto ejecutivo, según se detalla en el plan de gastos.
En el documento presupuestario, hecho por el Ministerio de Hacienda, se indica que los proyectos o programas a los cuales se les dará recursos son los aprobados por los concejos municipales, durante el próximo año, y se amparan en la Ley N° 7755, Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, la cual data de 1988.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que dicho presupuesto incumple esta misma legislación porque no se especifica a cuáles proyectos se destinarán los recursos.
“Si bien la coletilla del gasto señala que se distribuirán mediante decreto, la Ley 7755 establece que las partidas específicas deberán expresarse con el mayor detalle posible, es decir, no podrán ser genéricas sino referirse a un proyecto, programa o proyecto de inversión concretos, a fin de facilitar la ejecución y los controles”, recalcó la Contraloría en el Informe Técnico del Presupuesto Nacional 2025.
La CGR añadió que la falta de precisión del proyecto va en detrimento de la atención oportuna de necesidades y del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los habitantes de los cantones.
La última vez que el gobierno empleó partidas específicas para repartir entre las municipalidades fue en el 2020 cuando presupuestó ¢1.500 millones. Al final ejecutó solo ¢1.270 millones, según datos de Hacienda y la Contraloría.
En aquella ocasión, a diferencia de ahora, el dinero que se transfirió tenía un objetivo claro en cada gobierno local. Por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad en la comunidad de San Antonio de Desamparados para lo cual se otorgaron ¢787.081; o la compra de mobiliario para el salón comunal del barrio Candelaria, en Naranjo, con una asignación de ¢459.812, según el Presupuesto Nacional 2020.
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Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó a La Nación, mediante correo electrónico, que los recursos a los municipios se incorporaron con base en la Ley de Control de las Partidas Específicas con Cargo al Presupuesto Nacional, la cual se promulgó en 1988.
El funcionario dijo que el dinero se incluyó por las carencias externadas por los gobiernos locales y porque Hacienda logró generar un espacio de gasto a partir de una gestión efectiva de las finanzas públicas.
“Para el 2025 el gobierno hizo un esfuerzo para asignarles recursos que les permitan atender necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de inversión o programas de interés social, según lo establecido en la referida ley y su reglamento”, dijo el jerarca.
Sin embargo, el jerarca no respondió cuáles obras municipales se financiarán, ni la institución del Gobierno Central que decidió la asignación de recursos que se trasladarán a los municipios.
Varios exjerarcas del Ministerio de Hacienda, consultados por La Nación, catalogaron como atípica la decisión del Poder Ejecutivo de reactivar el uso de las partidas específicas sin precisar en qué se utilizará el dinero, lo cual carece de transparencia.
El exministro de esta cartera, Elian Villegas, recordó que durante los dos últimos años de la Administración de Carlos Alvarado no se asignó un solo colón amparado en una ley que catalogó como un “producto de la historia”, porque se estaba en un proceso de consolidación fiscal.
“No es atinado decir en el Presupuesto Nacional que el dinero será para una obra que será aprobada por la municipalidad y se distribuirá según un decreto ejecutivo. La ley de presupuesto debe decir exactamente para qué es, no puede ser excesivamente abierto”, dijo Villegas.
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Consideró delicado utilizar las partidas específicas el próximo año. “El 2025 es un año preelectoral. Es una pésima señal del gobierno sobre el tratamiento fiscal. En Hacienda a estas partidas se les decían ‘pan dulce’ porque se dan a la gente para endulzarlas un poco”, consideró.
Por otra parte, Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de Ingreso entre 2014 y 2017, consideró que la legislación de partidas específicas es menos transparente con respecto a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, del 2001, la cual consideró más moderna.
“No es inusual no detallar el destino de los recursos públicos, se podría cuestionar técnicamente. Se salta (el programa de Obras Específicas) el principio presupuestario de que todas las partidas deben estar debidamente identificadas y debidamente señaladas, tanto a quién se dirigen como el uso que se les dará”, subrayó el exfuncionario.
Para el economista Isaac Castro, viceministro de Egresos entre el 2020 y 2022, no hay claridad en qué se utilizará la transferencia de ¢2.500 millones para los municipios.
“Hay una alta discrecionalidad entre dos actores ejecutivos. Uno es el órgano municipal y el otro es el Poder Ejecutivo, el cual vía decreto, distribuye los recursos. Lo más importante en la ejecución del gasto es que respondan a un programa previamente establecido”, aseveró Castro.
El exfuncionario agregó que cuando hay partidas muy abiertas usualmente terminan con un alto nivel de subejecución, es decir que no se usan, porque no se logra concretar la iniciativa a financiar, durante el año de ejecución del Presupuesto Nacional.
Castro recalcó que cuando se hace traslado de dinero a municipios lo más común es que sea para gasto de capital, es decir obras, pero en el presupuesto del próximo año se incluye como egresos corrientes, o sea, salarios, pagos de servicios o compra de bienes.
En el proyecto de Presupuesto Nacional 2025, entregado por Hacienda, se muestra que a los cantones de Puntarenas se les asignó el 20,6% de los recursos de las partidas específicas, es decir, ¢516,5 millones.
Los municipios alajuelenses le siguen en relevancia con ¢504,4 millones lo cual es equivalente al 20,1% de la propuesta de gasto planteada por el Poder Ejecutivo.
En contraste, los gobiernos locales de Heredia y Cartago tendrían la menor asignación de recursos: se les otorgan ¢182 y ¢164,4 millones, respectivamente.
