Tras meses de postergación, este martes 1 de octubre inició la formalización del ahora ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Esto, en el marco de una investigación judicial por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el contexto del estallido social, al que se enfrentan Yáñez, en conjunto con el también ex general director, Mario Rozas y el ex general subdirector, Diego Olate.
La audiencia, antecedida por una manifestación de organizaciones de víctimas del estallido, comenzó luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazara un último requerimiento de Yáñez. Recurso interpuesto por la defensa del ex alto mando de Carabineros durante las últimas semanas, en el que su abogado, Jorge Martínez, alegó problemas de salud, por lo que pidió aplazar nuevamente la formalización.
Una vez despejado el tema, la primera en intervenir fue la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, quien enfatizó en la falta de acción de parte de la plana mayor de Carabineros, para que se respetaran las reglas de uso de la fuerza contenidas en los reglamentos de la institución, mientras distintas manifestaciones sociales tomaban lugar en el territorio nacional en el 2019.
Sobre Yáñez, Chong afirmó que pese a que tenía las competencias como director Nacional de Orden y Seguridad para detener lo que ocurrió en las calles a partir de octubre de dicho año, éste no actuó para contener los ataques en contra de manifestantes.
“De acuerdo a la orden general N°2435, el imputado Yáñez Reveco, como director de Orden y Seguridad fue el responsable de la evaluación periódica de planes y programas que guarden relación con el orden y la seguridad pública a nivel nacional, debiendo disponer los cambios que sean pertinentes. Contó asimismo, con atribuciones para exponer evaluaciones y supervisiones en terreno, para verificar métodos, procesos, resultados e impactos vinculados a la gestión de los servicios policiales en el ámbito operativo o en el ámbito estratégico. Es decir, se encontraba en posición y contaba con las facultades para impedir o hacer cesar los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se estaban produciendo”, señaló Chong.
La representante del Ministerio Público luego dio paso a la enumeración de mil 386 casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, en las que participaron funcionarios de Carabineros. La lectura de ese listado, se estima, podría durar cerca de cinco días, del total de tres semanas por las que se extendería la formalización a los exgenerales.
Para cada caso, Chong mencionó el nombre del afectado, el lugar, la hora, contexto en que fue atacado y daño provocado; y destacó elementos tales como: si se trató de disparos directos, a la parte superior de los cuerpos de los manifestantes y/o sin resguardar distancias.
Asimismo, recalcó que los carabineros implicados en estos casos abusaron de su cargo y actuaron al margen de las reglas de uso de la fuerza.
Los propios funcionarios presuntamente responsables también se manifestaron durante esta jornada. En un video difundido en redes sociales, en el que aparece junto a los exgenerales Rozas y Olate, Ricardo Yáñez aseguró que se están enfrentando a una formalización “injusta y absurda”, que no tendría en cuenta el contexto en el que actuó Carabineros.
“Quienes ejercíamos el mando, en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que era imposible”, argumentó Yáñez.
El exmandamás de Carabineros además planteó que se produjeron “graves hechos”, que “no solamente pusieron en riesgo la democracia en nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la de nuestros carabineros”.
“Cerca de cinco mil carabineros fueron heridos, muchos de ellos graves, más de 540 ataques a nuestros carteles, más de cien ataques a nuestros vehículos, más de 16 mil eventos graves, durante 165 días de grave violencia en nuestro país”, indicó.
Asimismo, acusó que se pareciera olvidar “que Chile se incendió, que se destruyó el gran patrimonio, el Metro, que el mobiliario público fue destruido y que nuestros carabineros enfrentaron largas jornadas de más de 18 horas”.
“Estas no fueron manifestaciones pacíficas (…) fueron ataques violentos a la institucionalidad, a la única institución que estuvo presente en la calle, para poder resguardar no solamente la democracia, sino el Estado de derecho”, enfatizó.
En contraste, la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social y la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, celebraron la formalización de Yáñez, Rozas y Olate.
Previo a la audiencia, las organizaciones se manifestaron en la explanada del Centro de Justicia y estuvieron acompañadas de la senadora independiente, Fabiola Campillai, y del director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos.
Este último, aprovechó la instancia para recordar los múltiples recursos desplegados por Ricardo Yáñez para evitar su formalización y destacó que ahora “tendrá que rendir cuenta”.
“Hoy día el señor Yáñez, el señor Olate y el señor Rosas enfrentan a la justicia. Han intentado eludirla por mucho tiempo. El señor Yáñez hasta los últimos días escudándose en su rol institucional, para rehuir dar declaraciones, para intentar aplazar la audiencia e intentar no rendir cuenta antes los tribunales de justicia. Pero hoy, tendrán que rendir cuenta y tendrán que hacerlo porque miles de personas vieron truncados sus proyectos de vida debido al accionar de agentes del Estado”, subrayó Bustos.
Por su parte, la senadora Campillai declaró que “hoy día es un día importante para nuestro país”, en un contexto en que se ha criminalizado a las personas que se manifestaron durante el estallido social.
“Hoy aquí tenemos a los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos”, dijo.
La parlamentaria también expresó sus deseos de que los tribunales “estén a la altura, para que investiguen y condenen”. “Solo así, las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad”, sostuvo.