El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se pronunció públicamente contra el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social que se llevará a cabo el 27 de octubre, coincidiendo con las elecciones nacionales. Durante su intervención, el mandatario destacó los efectos que, según él, serían perjudiciales en caso de aprobarse la reforma promovida por sectores del PIT-CNT y del Frente Amplio.
Acompañado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Mario Arizti, y Rodolfo Saldain, arquitecto de la reciente reforma previsional, el presidente Lacalle Pou mostró la postura negativa de la coalición de gobierno frente a esta propuesta.
La medida plebiscitaria sugiere la desaparición de las figuras de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), disminuyendo la edad de jubilación a 60 años y equiparando las pensiones mínimas con el salario mínimo nacional.
En el seno del Frente Amplio, la coalición opositora, la posición frente al plebiscito es diversa. Si bien su fórmula presidencial, integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, manifestó que no promoverá el uso de la papeleta, el partido ha otorgado libertad de acción a sus votantes. Esto refleja la diversidad de opiniones en torno a una reforma de gran trascendencia para el futuro del sistema previsional uruguayo.
Durante su conferencia, Lacalle Pou remarcó la necesidad de que los ciudadanos uruguayos tomen una decisión informada en las elecciones. Subrayó que su gobierno “ha respetado la separación constitucional” entre su cargo y la política partidaria, pero siente la obligación de expresar su preocupación por el impacto de la reforma propuesta. Argumentó que su administración impulsó un sistema previsional “más justo” y sostenible que aborda cuestiones de equidad social sin precedentes.
El presidente también recordó que durante su campaña electoral, prometió no incrementar la edad de jubilación para aquellos ya en el sistema laboral. La nueva reforma, elaborada por el equipo de Saldain, representa un consenso alcanzado tras negociaciones complejas, estableciendo una transición gradual para implantar sus novedades. La primera generación afectada será la nacida en 1973, lo cual evidencia el enfoque gradual del cambio.
La propuesta actual, según el mandatario derechista, podría desestabilizar la sostenibilidad del sistema previsional, conduciendo eventualmente a aumentos impositivos o recortes de prestaciones. La posibilidad de una “confiscación de recursos” a través de la desintegración de las AFAP y las implicaciones fiscales de la reforma han sido parte central de su crítica. Aunque no anticipa una subida inmediata del IVA, advierte sobre un escenario de presiones fiscales a futuro.
