El boom de la capital de la Costa del Sol como destino turístico y laboral aleja los precios del alcance de parte de la población
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“Más gazpachuelo y menos brunch”. Este deseo en una pancarta condensa el malestar de una parte relevante de la ciudadanía malagueña que salió a la calle el 29 de junio. La protesta, convocada por el Sindicato de Inquilinas, se sostenía sobre dos pilares: uno material (la escasez de vivienda asequible) y otro identitario: la sensación creciente de que la ciudad ya no es propia, porque ha sido tomada al asalto por turistas en patinete y franquicias a su servicio.
Al día siguiente, los políticos tocaron a rebato para subrayar que el problema les preocupa mucho. No es nuevo: hace tiempo que la ciudadanía emite señales de hartazgo. Comprar o alquilar es una aspiración cada vez más lejana para cada vez más malagueños y malagueñas, que ven cómo, entre tanto, sus representantes ponen alfombra roja al milmillonésimo turista. A veces el hastío se cubre de una capa de irreverencia. Un puñado de pegatinas aparecieron a mediados de marzo sobre carteles de apartamentos turísticos del centro: “AnTes esta era mi casa”, “A Tu puta casa”, “AnTes to esto era centro”, decían.
Es el reverso de las revistas de tendencias. Málaga, durante décadas opacada por el brillo de la Costa del Sol, ahora se ve guapa: es una ciudad atractiva con óptimas condiciones naturales, comunicaciones, gastronomía propia y cultura. Pero el boom ha generado una paradoja: el efecto que más notan los malagueños es que no pueden pagar por una vivienda.
“Afecta a todos, también a quienes tenemos buenos salarios”, cuentan Alejandro Orfila y Tania Moya, dos amigos de 35 años detrás de Málaga por la Vivienda, una cuenta en X (antes Twitter) que recopila historias de quienes no pueden vivir en la ciudad. “No puedo dejarme la mitad del sueldo en alquiler, ni quiero normalizar pagar 500 euros para compartir con un desconocido a mi edad. ¿Hasta cuándo?”, se pregunta Moya. “La sensación es que no vamos a poder vivir en Málaga”, lamenta Orfila.
La cuestión, dominante desde hace años en la conversación privada, terminó por explotar en la manifestación del pasado 29 de junio. El lema era “Málaga para vivir, no para sobrevivir”. “Fue un éxito porque al fin hemos colocado el tema en la agenda política”, dice Curro Machuca, uno de los portavoces de los convocantes.
Aquella mañana, unas 20.000 personas recorrieron el Centro. Cada cual, con su historia particular; todas, con un elemento que las atraviesa: la dificultad de comprar o alquilar una vivienda. “Es imposible”, resoplan Rosa Pérez y Miguel González, 35 y 36 años. Ella, malagueña, es médico de familia en Hospital del Guadalhorce; él, gallego, es administrativo. Llegaron hace un año desde Vigo, donde les alcanzaba para vivir holgadamente en el centro. No en Málaga. “Podíamos pagar hasta 1.300 euros, pero no había manera”, dice ella.
El caso de Rosa y Miguel refleja a pie de calle la escalada constante del alquiler. Según Idealista, la oferta ha pasado de un precio medio de 10,4 euros por metro cuadrado (junio de 2022) a 14,5 (junio de 2024), un crecimiento del 39% en dos años que sigue sin allanarse: en junio, repuntó hasta el 16,5% más que el mismo mes del año anterior.
AENOR ha distinguido a Málaga como primera ciudad española Destino para Nómadas Digitales. Su presencia permanente, con sueldos foráneos, tiene efecto inflacionario sobre la vivienda
Málaga es ya la quinta ciudad de España con la oferta más cara, pero la renta neta media por hogar es de apenas 31.612 euros, una de las más bajas del país. Por eso, la práctica totalidad de la oferta rebasa el 30% de los ingresos familiares que recomienda la Ley de Vivienda.
En compra, la situación es similar. Un 35% más caro que hace un año, un 41% más que en junio de 2021, y un 92% más de lo que se ofrecía en junio de 2015: casi el doble. Y la curva va al alza: el mayor incremento reciente es de junio de 2024: un 19,9% más caro que en junio de 2023.
Gracias a un conocido, la pareja ha encontrado un piso que encaja en sus esquemas. Un unicornio. La búsqueda les llevó un año, que pasaron en casa de los padres de ella. Cuando se marcharon ya eran tres: entretanto nació su bebé.
El 27 de junio, Esther Martín tomó la palabra en el Pleno: “Tengo trabajo fijo de limpiadora en la Universidad. Cobro todos los meses, pero mi sueldo no da para pagar 900 euros de alquiler, porque no tendría para dar de comer a mis hijos. Llevo un año en la calle, recogida por mi padre, mi madre, mi hermana. No hay viviendas para vivir. No tengo un techo”, dijo mirando directamente al alcalde.
“Como tiene un sueldo, no será tan difícil encontrar a alguien que pueda alquilar y subvencionar nosotros”, replicó el regidor entre murmullos de la oposición. “¡Eso es encontrar una aguja en un pajar!”, exclamó Martín. Es una queja habitual entre beneficiarios del Plan de ayuda al alquiler a familias en situación de exclusión social: los dueños prefieren ponerlas en mercado libre o vivienda turística a precios más golosos.
En la última convocatoria, la ayuda (18.000 euros en cuatro años) ha servido para que 88 familias encuentren casa; sin embargo, hay 392 con la ayuda aprobada que no tienen quien les alquile. “Lo que dijo es cierto” –admite Francisco Pomares, concejal de Vivienda, y antes de Servicios Sociales–. El Plan funcionó muy bien en los primeros años“, dice, pero ahora su ejecución presupuestaria es escasa: ”Dinero tenemos, familias en exclusión también, fallan las casas“. Desde 2015 el programa ha beneficiado a 1.478 familias.
Por eso, Esther vive con sus tres hijos en casa de su hermana María, también separada y madre de dos niños de ocho y tres años. En el salón, dominado por un colchón de matrimonio puesto en pie junto a la pared, cuenta cómo distribuyen los 73 metros cuadrados. El roce diario es una bomba de relojería. “Estoy invadiendo su intimidad”, admite Esther, que recibió cobijo de su hermana después de pasar por dos desahucios.
Como a ella, el mercado arroja a los márgenes a miles de trabajadores precarios. El Colegio de Arquitectos cree que la construcción de viviendas asequibles está “muy por debajo de las necesidades de la población”. De 704 visadas en Málaga en 2023, solo 68 fueron de VPO. Para los próximos años, el ayuntamiento ha cedido parcelas municipales para sumar 2.100, con precios entre 170 y 225.000 euros. El Ministerio de Vivienda ha anunciado otras 2.400.
El alcalde Francisco de la Torre llegó a afirmar en una entrevista que el problema está en que la “cualificación insuficiente” de los malagueños les impide competir por una vivienda
Gran parte de lo construido tiene precios aptos solo para bolsillos muy anchos (generalmente extranjeros) o fondos de inversión. Son pisos que pueden superar el millón de euros, como los de las torres de Martiricos o las Málaga Towers, que han transfigurado el paisaje de la ciudad.
Mientras, Esther cree que con su historial nadie le alquilará una casa, por más que cuente con ayuda municipal. Su esperanza es que le adjudiquen una VPO que pueda llegar a pagar. “Es un sorteo, así que se puede decir que nos acabamos pegando todo el día dando vueltas en un bombo. Nuestra vida depende de una bolita”.
El 24 de febrero, AENOR entregó al alcalde De la Torre el certificado que distingue a Málaga como primera ciudad española Destino para Nómadas Digitales. Al nómada digital se le atribuye perfil joven, dinámico, emprendedor, con dinero. Una turista premium al que tentar con idénticos argumentos que al estándar: clima, gastronomía, playas, comunicaciones. Sin embargo, este viene para quedarse y tiene salarios altos y dinero para gastar, lo que genera un efecto inflacionario sobre la vivienda. Lo mismo ocurre con trabajadores de las empresas internacionales que se han instalado en Málaga: Google, Vodafone, Oracle, Citigroup, Globant…
A pesar de su apuesta por captarlos, el ayuntamiento de Málaga no sabe cuántos nómadas digitales hay. La definición es ambigua y, además, cualquier europeo puede venir sin registrarse. Sí tiene indicios: la web municipal Málaga Workbay, destinada a teletrabajadores, ha recibido 220.000 visitas de casi 60.000 usuarios diferentes en estos años. Sin cifras, el efecto sobre la vivienda o los servicios municipales es difícil de cuantificar, pero parece innegable.
“Yo soy un poco parte del problema”, comenta Jesús Trujillo: llegó en plena pandemia y tiene buen salario en una empresa internacional sin sede en Málaga. “Si fuera un trabajador local no podría pagar mi alquiler y el casero tendría que bajarlo. Pero con los nómadas digitales siempre hay quien paga…”. Trujillo observa cómo El Palo, un popular barrio pesquero al este de la ciudad, cambia a marchas forzadas. “La mayoría de las casas las compran holandeses”. Muchas como mera inversión, lo que refuerza el ciclo alcista.
“A mis compañeros del coworking siempre les pregunto: ¿tú quieres ser un vecino o un expatriado? Si quieres ser vecino, tienes que implicarte en la vida de barrio. O venir a esto”, dice, mientras se oyen los cánticos de la protesta: “¿Dónde está Paquito [De la Torre]?, ¿Paquito dónde está? Paquito está vendiendo lo que queda de ciudad”.
De todos los factores que pueden influir en el alza, el turismo es el sospechoso habitual. En la capital de la Costa del Sol hay más de 12.500 viviendas turísticas registradas con 65.000 plazas. Aunque no estén siempre activas, se pueden dedicar a la actividad y esto infla la burbuja especulativa: tener licencia sube el precio. A ellas hay que sumar las clandestinas y 7.200 plazas de apartamentos turísticos. Dado que en Málaga hay un total de 261.857 viviendas y 586.384 habitantes censados, las viviendas y apartamentos turísticos son el 4,7% del total, con plazas para el equivalente al 12% de la población local.
Estos números no han dejado de crecer: de junio de 2023 a junio de 2024 se registraron 2.986 nuevas viviendas turísticas, a un ritmo de ocho diarias. Mientras, el precio en compra y alquiler ha subido el 19,9 y el 19,6%, respectivamente.
Muchas salen para siempre del alquiler residencial. Después de doce años en el barrio, Miguel Rodríguez y María Ruiz del Portal (ambos de 40 años) habían encontrado un piso en torno al que construir su vida: colegio para los niños, familia y trabajo a dos pasos… Pero al año, el casero llamó. “Necesitaba venderlo para comprar otro en el norte. Quería venderlo a alguna familia. Y nos lo ofreció por una pasta”, cuenta Miguel. A disgusto y frustrados por el precio, se marcharon: cambio de barrio, de rutinas, incluso de trabajo. “Encontrar un piso en Málaga, y con dos niños, es difícil. Tuvimos suerte. El que encontramos había recibido 400 solicitudes en cuatro horas. Poco después me encontré a mi exvecino, y me dijo que nos echaban de menos: el dueño hizo dos habitaciones más y ahora es una vivienda turística para 13 personas”.
Un informe del Observatorio del Alquiler apunta que las viviendas turísticas sumarían un 21% a la oferta de alquiler en Málaga. “Creemos que impacta entre un 20 y un 40%”, apunta Enrique Navarro, catedrático de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo, que trabaja en un informe sobre el asunto. En julio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo en Málaga que era partidaria de prohibirlas en zonas tensionadas: “Si los malagueños no tienen un lugar donde vivir, ¿quién va a atender a esos turistas?”.
Las viviendas turísticas también son foco de conflicto. Alejandro Villén (47 años) se vio rodeado por doce de ellas en 2017. Fue de los primeros en denunciar las molestias: venta de droga, fiestas… “Vienen borrachos y sin llaves, y quieren que les abras porque los propietarios nunca cogen el teléfono”, cuenta Alejandro. La intervención de la Policía rara vez acaba siendo efectiva: “No levantan acta, prefieren mediar. Y si llamas otra vez, vienen enfadados”.
En Carretería, muy cerca de su casa, una de cada cuatro viviendas es turística. En pleno centro, es una de las calles más saturadas de España. En una acera: apartamentos turísticos, local de gestión de alquiler vacacional, “specialty coffee experience”, cajero ATM, City Lockers, Living 4 Málaga. En la otra: edificios de apartamentos turísticos, tres locales de brunch y tartas de queso y apartamentos turísticos. Un cartel informa de que el número 36 ha sido rehabilitado con ayuda del Instituto Municipal de la Vivienda. Ahora se dedica a apartamentos turísticos. Un oxímoron.
La semi-peatonalización de la calle se ha pagado con fondos europeos EDUSI destinados al “desarrollo urbano sostenible”. Europa ha financiado su consagración al turismo. Hace tiempo que en la almendra central hay más viviendas turísticas que residentes censados, poco más de 4.000.
Ahora, el ayuntamiento trabaja en una ordenanza y antes quiere evaluar el impacto de la vivienda turística. Quince días antes de la protesta, anunció que mientras la aprueba limitará las nuevas licencias a las que tengan entrada independiente. Una posibilidad que recoge el PGOU desde hace años, si bien el consistorio defiende que la normativa autonómica no le permitía actuar. Siete años después, Villén se ha librado de todas las viviendas turísticas, menos dos. “Resulta que el propietario estaba entrampado y lo único que faltaba era un empujón a los embargos en los juzgados”. Muchos no resisten tanto y huyen del Centro a otro lugar en que vivir. “De repente, los vecinos desaparecen de tu vida”.
“No expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa”, dijo el alcalde Francisco de la Torre en una entrevista con Sur el pasado 21 de julio. No son sus primeras declaraciones en esta línea: hace dos años aseguró que el problema está en que la “cualificación insuficiente” de los malagueños les impide competir por una vivienda. Unos días antes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se había preguntado: “Si los malagueños no tienen un lugar donde vivir, ¿quién va a atender a los turistas? ¿Dónde se van a alojar los camareros que sirven un vino y un espeto? ¿Dónde estarán los hijos de quienes barren estas calles?”.
Lo cierto es que la ciudad está cambiando: ganó 8.000 habitantes de 2018 a 2022, según el INE: el crecimiento lo asumieron ciudadanos extranjeros, con casi 9.000 censados más, mientras hay 900 españoles menos. La sangría afecta especialmente a los jóvenes: a partir del padrón municipal, un informe del OMAU recoge que 31.377 jóvenes entre 25 y 40 años y 5.310 niños y niñas de entre 0 y 10 abandonaron la ciudad de 2015 a 2020. El OMAU, un organismo dependiente del ayuntamiento que ha jugado el papel de Pepito Grillo en estos años, denunciaba que la promoción de Málaga como ciudad para invertir contribuía a las “expectativas crecientes de rentabilidad” de operaciones, en las que el ciudadano “a menudo es objeto de gentrificación”.
Con la Costa del Sol ya colmatada, el trasvase lo está asumiendo municipios vecinos como Cártama o Alhaurín de la Torre, que han duplicado su población en veinte años, y, cada vez más, municipios rurales o de la Axarquía con buena conexión con Málaga, expuestos a reproducir las mismas dinámicas alcistas de la capital.
Málaga será la provincia que más población gane de 2024 a 2039, un 21%, según las proyecciones del INE. Rebasará los dos millones en 2031. Hay 152.000 viviendas vacías en toda la provincia. “Lo lógico es que quien trabaja en Málaga viva en Málaga”, concluye Alejandro Orfila. “No podemos normalizar la renuncia a nuestra ciudad solo porque algunos no ejercen su responsabilidad. El turismo es nuestro petróleo y de ahí tenemos que sacar beneficio para que los malagueños puedan vivir bien. Porque los que encendemos la luz de la ciudad por la mañana somos nosotros”.
