En noviembre de 2023, un grupo de parlamentarios, junto al Consejo del Salmón y SalmonChile, acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento acerca de la legalidad del Oficio N°234053 de la Subsecretaría del Medio Ambiente, emitido a raíz de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El Oficio, fechado el 22 de septiembre de 2023, instruye la suspensión del otorgamiento, relocalización y/o modificación de concesiones en Áreas Protegidas que no cuenten con Plan de Manejo y, además, exige que esas actividades industriales sean compatibles con los objetivos de protección y cuenten con un informe favorable de parte del SBAP, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley SBAP.
Las razones del gremio salmonero para requerir un pronunciamiento del ente contralor tenían que ver con su cuestionamiento a las atribuciones de la Subsecretaría del Medio Ambiente en estas materias, como también exigirle a la CGR un pronunciamiento sobre el mencionado Oficio y la aplicación de la Ley SBAP, respecto de las solicitudes de relocalización ingresadas con anterioridad a su entrada en vigencia.
En respuesta, la Contraloría ratificó el oficio, indicando que “el otorgamiento de futuras concesiones en áreas protegidas, incluyendo tanto las solicitudes que se presenten como aquellas que se encuentren pendientes, deben sujetarse a la referida nueva normativa, la que exige contar, en lo que interesa, con un plan de manejo y con el informe previo del SBAP”.
Cabe destacar que un plan de manejo es un instrumento de gestión ambiental destinado a asegurar la conservación de los ecosistemas y contener las amenazas. Es sobre este instrumento sobre el cual los servicios competentes deben analizar la compatibilidad de las concesiones salmoneras al interior de las áreas protegidas.
Por lo tanto, solo después de contar con planes de manejo, las autoridades podrán pronunciarse sobre las solicitudes de concesiones que se encuentran actualmente en trámite en la Patagonia, en las reservas nacionales Las Guaitecas (Aysén) y Kawésqar (Magallanes). Los Parques Nacionales quedan excluidos de cualquier requerimiento de concesiones, al ser una categoría estricta de conservación.
El dictamen de Contraloría constituye, de este modo, un avance para establecer límites en la producción industrial en pro de la conservación de nuestros parques y reservas nacionales.
