Los arrestos ilegales son una práctica generalizada en México y se presentan deficiencias importantes en el sistema de justicia penal, advirtió el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria.
Al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional, los expertos resaltaron que este delito se ve afectado por un sistema de justicia penal deficiente.
Después de haber realizado una visita al país, el grupo encontró que figuras como la del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y los ataques a la independencia judicial se han sumado a este problema.
Al hablar sobre los ataques a la judicatura, el grupo de trabajo expuso que es preocupante que diferentes actores del gobierno busquen influir en las decisiones de los juzgadores. “(Al grupo) le preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del Ejecutivo contravienen la ley”.
Los expertos insistieron en que las figuras del arraigo y de prisión preventiva oficiosa son violatorias de los derechos humanos.
Por un lado, el grupo instó a México a “armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución”.
Esto lo apuntó la representación internacional después de haber destacado que en 2022, de las aproximadamente 90 mil personas que están en “en proceso” (sin sentencia), alrededor de 50 por ciento de estas está sujeta a detención preventiva oficiosa.
Por otro lado, al hablar sobre la figura del arraigo, el grupo reconoció que ésta ya no es tan común. Sin embargo, aseveró que “su existencia da pie al riesgo de detención arbitraria. Se alienta a las autoridades a eliminar el procedimiento de arraigo de la Constitución y su uso”.
Destacó que la militarización del país también ha afectado las garantías de los ciudadanos, razón por la cual pidió al gobierno mexicano reconsiderar implementar una reforma para que la Guardia Nacional (GN) pase al control de la Sedena.
“El grupo de trabajo expresa su preocupación, ya que la adopción de esta iniciativa podría exacerbar las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional”, señalaron los expertos.
Además, destacó que hay 100 mil soldados realizando tareas policiales y de seguridad pública, así como de control migratorio. “Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, apuntó.
