El plan de acción para la democracia presentado ayer por el Gobierno contiene un vicio de origen y es que es el resultado, como confesó el propio Pedro Sánchez en su momento, de los cinco días de reflexión que el presidente se tomó tras conocer que su esposa, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presunto tráfico de influencias. Es, por lo tanto, un programa diseñado 'ad hoc', agrupando diversos elementos, con una premisa clara que es defender al presidente y su esposa de los legítimos cuestionamientos planteados por los medios de comunicación. El resultado es una colección caótica de medidas que van desde la transparencia y el buen gobierno de la administración pública, hasta la reforma del Código Penal y otras normas, incluida la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que la izquierda llama 'ley mordaza', pasando por un intento nada disimulado de controlar a la Prensa a través de la publicidad institucional. La inconsistencia del plan queda de manifiesto en la tensión evidente que existe entre los deseos de algunos partidos que apoyaron la investidura de Sánchez a favor de derogar los delitos de libertad de expresión que afectan a las instituciones del Estado y las ofensas a los sentimientos religiosos, y el deseo del Ejecutivo de reformar en otra dirección las leyes en lo que guarda relación con el derecho al honor y el derecho de rectificación que los ministros consideraron «obsoleta». Pero el hecho de que sea una cortina de humo para disimular la falta de una agenda legislativa de un Gobierno que no tiene capacidad alguna para sacarla adelante, no le resta un ápice de peligrosidad a este artefacto político que puede acabar representando una grave amenaza para nuestras libertades. Los ministros que ayer presentaron el plan, comenzaron su explicación subrayando que en él también hay medidas que afectan a la Administración con el fin de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas. Este apartado no sólo es razonable, incluso debería haber sido más amplio y detallado, y este periódico apoya iniciativas de este tipo en el Estado. Sin embargo, este gobierno carece de crédito y autoridad para plantearlo. Los datos del Consejo de Transparencia indican que los gobiernos de Sánchez no han sido un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas. La pandemia fue la excusa para dejar de cumplir con los requerimientos de este organismo creado en 2014. Desde ese momento, el Ejecutivo ha sido incapaz de rectificar y mejorar en este capítulo, pero ahora nos ofrece como una novedad la necesidad de enmendar sus propias carencias. En cuanto a los planes relacionados con la publicidad institucional, tampoco este gobierno es un ejemplo de buenas prácticas. Los partidos que lo integran han incurrido en el sectarismo y el favoritismo hacia unos medios determinados, señalando amigos y enemigos tanto cuando han ejercido el poder en el Gobierno central como en las comunidades autónomas. Se percibe en las iniciativas oficiales el tufo por intentar condicionar el margen de actuación de las comunidades autónomas que no estén perfectamente alineadas con la Moncloa en esta materia. Más preocupante aún es el intento por controlar a los medios de comunicación desde la Administración, creando listas y registros como las que existían en los tiempos predemocráticos. El plan pretende interponer entre la Prensa y la Justicia, que es la encargada de apreciar los ilícitos cometidos por los medios, a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), encargándole la creación de un registro con una serie de exigencias que no se aplican a la generalidad de las empresas de nuestro país, estableciendo una clara discriminación para la actividad económica de la comunicación. El gobierno se escuda en la existencia de un Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, al que hace referencia como si su plan fuera una simple aplicación de la norma de la UE, pero esto es sólo una coartada. Esa norma lleva en vigor desde 2020 (actualizada en 2023) y no necesita transposición como las directivas europeas porque es de aplicación directa. El espíritu que guía a ese Reglamento es exactamente el contrario al propósito de control del plan de Sánchez. Nadie mejor que este periódico, que ha sido excluido de los viajes oficiales durante más de un año y que es visto con recelo cada vez que intenta obtener una versión oficial sobre las cuestiones que suceden en el país, puede dar fe de su interés porque la publicidad institucional y el acceso a las fuentes sea dispensado con equidad y justicia en nuestro país. Pero bien sabemos que hay infinitas formas de favorecer a unas empresas frente a otras, incluso haciendo favores a sus accionistas y grupos de influencia en negocios que a veces parecen estar muy distantes de la actividad comunicativa. Pensamos que el plan gubernamental no contribuirá a incrementar la confianza en el sistema de medios de comunicación españoles y, muy por el contrario, parece diseñado para establecer que hay algunas cabeceras de primer nivel mientras a las otras se las estigmatiza por publicar informaciones incómodas para el poder.
