El sector turístico de Benidorm y, en su conjunto, el de toda España, se ha rebelado contra el Gobierno por las exigencias tan exhaustivas de datos de los clientes alojados, que los alojamientos deben comunicar a la Policía Nacional. Entre otras consecuencias, pone en peligro su « reputación » de cara a los huéspedes, por la suspicacia de entrar en su vida privada. «Piden datos que no tenemos y que no salen en el documento oficial», se queja Miguel Ángel Sotillos , presidente de la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos ( FEVITUR ) y empresario del ramo en Benidorm, en referencia a información que no figura en el DNI o pasaporte. En el real decreto regulador de esta normativa firmado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , aunque se deja claro que está todo sometido a los requisitos de la Agencia de Protección de Datos, se relaciona la amplia ficha de cada «viajero», que incluye además de su identidad completa, nacionalidad y lugar de residencia habitual, sus teléfonos fijo y móvil, su correo electrónico , el número de acompañantes y «la relación de parentesco, en el caso de que alguno sea menor de edad». Asimismo, se obliga a precisar el tipo de pago, en efectivo o soportes digitales, e incluir el número de tarjeta o IBAN de la cuenta bancaria, además de la factura. Sotillos ya calificó de « barbaridad » este volumen informativo en ABC y tras conocer un comunicado de otra confederación hotelera y de apartamentos nacional ( CEHAT ) en el que se denuncian sus consecuencias, ha recordado que se trata de una queja de hace años. «Se lo hemos dicho a la Policía y al Ministerio desde 2021 y ni escuchan», se ha lamentado. En esa comunicación actual, difundida este lunes entre otros por la agrupación Hosbec de Benidorm y la Comunidad Valenciana, se advierte del impacto para el sector turístico. «A sólo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del real decreto, en el que se exige solicitar datos a los subsectores del sector turístico, CEHAT y todas las patronales implicadas manifiestan su oposición a dicha normativa por el caos que produciría su implementación debido a la imposibilidad de cumplimiento de la normativa», denuncian. «Se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla», añaden, a su juicio por falta de desarrollo legislativo (prometido por el Ministerio) para delimitar qué datos deben recopilar de sus clientes estos establecimientos y otros como agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings o pisos turísticos. También aluden a las empresas de alquiler de vehículos, si bien estas últimas sí aparecen en el decreto. Al tratarse de información que no figura en el documento de identidad, eso «hace imposible remitirla de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir». La carencia de tecnologías para estas tareas provoca, entre otras cosas, la «probabilidad de riesgos operativos y reputacionales » para los establecimientos, que sufren igualmente «inseguridad jurídica» y una «desventaja competitiva» frente a otros destinos en otros países que no deben aportar estos datos.
