El impago de la renta y la "okupación" son las principales preocupaciones de los propietarios cuando ponen su casa en alquiler. Esto no es de extrañar, ya que tan solo el año pasado, los inquilinos dejaron a deber, de media, 7.608,34 euros, un 0,85% más que en 2022. Así lo muestra el estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España en 2023, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
Muchos propietarios enfrentado, desafortunadamente, a una de estas situaciones, teniendo que recurrir al desalojo de estos ocupantes para poder recuperar su vivienda. El desahucio exprés es un mecanismo legal para desalojar a inquilinos morosos, "inquiokupas" u "okupas" que se niegan a abandonar el inmueble.
Este es un proceso civil verbal que lleva menos tiempo que en el caso de los juicios ordinarios, que pueden superar fácilmente el año de plazo. La duración de este primero dependerá de la cantidad de trabajo en el juzgado, aunque el desahucio exprés puede durar entre seis meses y un año en el caso de un inquilino moroso, y casi dos años para desalojar a un "okupa", según datos del Consejos General del Poder Judicial (CGPJ).
Este procedimiento comienza cuando el propietario de la vivienda ocupada presenta una demanda en el juzgado de primera instancia donde se encuentra el inmueble. "En la demanda tienen que estar reflejadas las causas por las que se quiere desalojar al inquilino. En el caso de impago de rentas, deben figurar las cantidades que el demandado adeuda", asevera el portal inmobiliario idealista.
El artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que no pagar la renta, aunque solo sea un mes, ya es motivo suficiente para poner fin al contrato de arrendamiento.
Una vez admitida la demanda, el tribunal notificará a los ocupantes, que deberán responder o abandonar el piso. Asimismo, también se les informará sobre la opción de acudir a servicios sociales si existe una posible situación de vulnerabilidad y, en este caso, el proceso de desahucio podría paralizarse unos meses.
Si los ocupantes no se oponen, el desalojo se ejecutará en la fecha fijada por el juez, sin embargo, si hay oposición, se establecerá una nueva fecha, siempre y cuando la sentencia sea favorable para el propietario.
"El gasto de un desahucio exprés puede ascender a los 600 euros aproximadamente", explican desde Mapfre. No obstante, esta cuantía puede variar en función de los honorarios del abogado y procurador, ya que no son fijos. Asimismo, a esta cuantía habrá que sumarle el coste de cambiar la cerradura que va desde los 80 hasta los 150 euros.
