Hace 42 años que el señor Néstor Andrade es usuario de armas de fuego. Empezó a usarlas en los 80, en la época del terrorismo, porque había una gran inseguridad y las fuerzas del orden no estaban en capacidad de defender a toda la población. Su padre fue policía y su abuelo tuvo armas de fuego, así que ese acercamiento fue casi un tema de tradición familiar.
En todo este tiempo, por fortuna, solo una vez ha debido usar su arma para repeler un ataque. Fue en los años 90, cuando llegaba a su trabajo y dos sujetos intentaron secuestrarlo. Él logró retroceder, sacar su pistola y hacerlos huir realizando algunos disparos. “Nadie resultó herido, solo disparé para disuadirlos”, recuerda. Desde entonces no ha dejado de usar armas de defensa personal.
Él es representante de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf), una organización que agrupa a unos 500 afiliados y que promueve el uso seguro y responsable de estas herramientas para defensa, deporte o cacería.
“Creo que cada persona debe ver su necesidad particular en la adquisición de un arma. En Brasil, la prohibición de armas era grande. Con (Jair) Bolsonaro se flexibilizó el uso de armas civiles y los delitos bajaron a la tercera parte. Cuando uno usa un arma no la expone, está oculta, y hay que ser muy cauto en su accionar. Uno no va a sacar el arma ante cualquier provocación. Si vemos estadísticas, no hay muchos casos violentos de usuarios legales de armas. Son casos muy aislados”. dice.
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En lo que va del año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha recibido 41.502 solicitudes de trámite para la obtención de licencias en las 6 modalidades a las que puede acceder un civil: defensa personal, caza, deporte y tiro recreativo, seguridad privada, servicio individual de seguridad privada, y colección. Esa cifra es superior a las 39.900 solicitudes que recibieron en el mismo periodo del 2023.
De todas las solicitudes, a la fecha se han otorgado 18.549 licencias para porte de armas. De esa cifra, 8.006 corresponden a la modalidad de defensa personal. Es la más requerida. Le siguen en número las licencias otorgadas para seguridad privada y deporte (ver cuadro adjunto). Sin embargo, el número de permisos otorgados para armas de defensa personal este año es inferior al del mismo periodo del año pasado. Los filtros son exigentes. Solo se les da a los ciudadanos que cumplen con los requisitos del artículo 7 de la Ley 30299, Ley de Armas.
“Para la Sucamec es importante que toda persona tenga presente que usar o portar un arma de fuego representa una gran responsabilidad, por lo que nuestros evaluadores de licencias vienen haciendo una rigurosa revisión de los documentos ingresados por los administrados para comprobar el cumplimiento de los requisitos; en muchas ocasiones, el incumplimiento de estas trae como consecuencia la denegación de dicha licencia”, señalan.
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Armas y responsabilidad
El señor Tomás Saldías es usuario de armas de fuego desde hace más de 30 años y vicepresidente de la Applaf. Vivió 25 años en Estados Unidos y allá tuvo varias de ellas. También practica la cacería y tiene en casa una pistola para defensa que guarda descargada en su caja. A pesar de los muchos años que posee armas, no ha tenido que usarlas nunca en defensa propia.
Saldías señala que en la ley actual de armas no se contempló poner el listado de delitos violentos por los cuales una persona no puede obtener una licencia, se puso “delitos dolosos” y eso impide ahora que muchas personas puedan obtener su licencia. “Por ejemplo, una persona que firmó un cheque sin fondos hace 30 años y lo denunciaron, ahora no puede obtener su licencia porque eso es delito doloso”, dice.
Para él, el concepto de defensa personal no es abatir al delincuente sino detener un ataque. “¿Está a favor de que la gente se arme por la inseguridad que existe?”, preguntamos. “Es una decisión muy personal. Como asociación no promovemos que una persona se arme. Promovemos que una vez que toma la decisión de armarse, lo haga responsablemente. Que se entrene y sepa de qué se trata”, responde.
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Saldías estima que la entidad regulatoria -Sucamec- no es muy favorable a los usuarios legales y por el contrario les pone muchas trabas.
De enero a agosto, 10.130 armas de fuego de uso civil fueron recuperadas a nivel nacional en operativos e intervenciones realizadas con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público y hoy están en los almacenes de la Sucamec. No todas son ilegales, tienen diferentes estatus. ¿Cuales provienen de la delincuencia? “Lo que sí podemos inferir, es que de las armas que han sido ingresadas por la Policía Nacional del Perú, 2.526 dispositivos podrían provenir de posible ilegalidad”, señala la Sucamec.
Esta institución señala que las armas ilegales representan un delito y ellos no persiguen estos actos, sino que lo hacen los entes vinculados al sistema de justicia. Ellos solo tienen competencia sobre las armas de uso legal.
El hecho de que la criminalidad y la inseguridad ciudadana preocupan a los peruanos está no solo en las cifras de las solicitudes de licencias sino en la compra o importación de armas. Según la Cámara de Comercio de Lima, el Perú importó 5.778 armas por un valor de US$1 millón 400.000 en los primeros seis meses de este año, lo que representa un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. Las pistolas semiautomáticas y los revólveres son los productos más demandados.
Mientras la Sucamec supervisa las armas legales, la Policía Nacional y el sistema de justicia deben perseguir el tráfico de armas ilegal y evitar que crezca ese mercado negro. Con ello podrían reducirse los índices de criminalidad. Solo así se logrará un ambiente en el que la gente no quiera armarse para combatir fuego con fuego.
