La aprobación de la reforma judicial pondría en riesgo que se pierda personal con amplia experiencia en temas como telecomunicaciones, competencia económica, laboral, mercantil, energético, entre otros, afirmaron especialistas consultados por El Financiero.
Para Omar Guerrero, socio director de la firma Hogan Lovells, uno de los costos más altos de la reforma judicial será la pérdida de tribunales especializados.
“Desde la reforma de 2013, se aprobó el artículo 28 de la Constitución donde se crearon juzgados y tribunales federales especializados, como lo es materia de competencia económica y telecomunicaciones, donde se requería, no solamente un conocimiento general del derecho, sino requisitos específicos, pero ahora lo único que se necesitará será contar con experiencia de tres a cinco años y calificación de ocho a nueve en la carrera”, dijo.
La falta de jueces capacitados podría derivar en afectaciones para el mercado mexicano, ya que la certidumbre jurídica es un elemento clave que aprecian los inversionistas.
“Es una reforma que no tiene precedentes y desafortunadamente, vamos a aprender por un camino muy arduo y difícil, donde de paso, mandaremos una señal adversa a la comunidad internacional”, señaló el especialista legal.
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE) coincidió que la implementación de la reforma judicial requerirá de una curva de aprendizaje, ya que existen sectores muy especializados, como el energético, que requieren de magistrados y jueces con experiencia en la materia.
“La reforma puede afectar a cualquier sector en la medida que haya un derecho vulnerable que tengas que defender, y que, al momento de asistir a un juzgado, no haya un juez que tenga especialidad en tu tema, por eso son necesarios los tribunales especializados”, dijo.
Recordó que, en México, empresas como Iberdrola y las cinco empresas más importantes del sector de combustibles lograron meter amparos y obtener suspensiones definitivas ante las políticas implementadas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que les permitió seguir operando en el país.
La empresa especializada en almacenamiento energético, Quartux, consideró que tener jueces y cortes elegidos por voto popular podría reducir la credibilidad de los fallos en conflictos empresariales, ya que estos podrían inclinarse por tendencias políticas.
“Un caso claro de afectaciones directas tiene que ver con el sector energético, pues la reducción de la inversión puede provocar una elevación de los precios del consumo. Esto podría deberse a que la red de la CFE y la privada requieren de actualización tecnológica que es proveída por empresas que no tendrían certeza jurídica en caso de entrar en conflicto con la paraestatal o terceros”, señaló la empresa.
Además, Quartux prevé que la tecnología de importación será más difícil de adquirir en caso de que el peso pierda terreno frente al dólar, tal como lo ha hecho en los últimos días ante las discusiones suscitadas en el Senado de la República.
