Las relaciones entre España y Venezuela están este viernes en la antesala de una ruptura después de que Caracas llamó a consultas a su embajadora en Madrid, por cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro y el asilo que será concedido a su rival opositor.
El canciller venezolano Yván Gil anunció en redes sociales la decisión de "llamar a consultas" a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, en respuesta a declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro durante la presentación de un libro en Madrid.
Gil informó a la vez que "ha citado" al embajador español en Caracas, Ramón Santos, "a comparecer" el viernes en la sede del ministerio de Exteriores, y calificó de "insolentes, injerencistas y groseras" las palabras de Robles.
El diplomático llegó a la sede de la cancillería pasadas las 10h30 locales (14h30 GMT), constató la AFP. No ofreció declaraciones a la prensa.
La tensión en las relaciones hispano-venezolanas aumentó en los últimos días después de que el candidato de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia llegó el domingo a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país.
El miércoles, a propuesta de la oposición conservadora, el Congreso de los Diputados español reclamó al gobierno de Pedro Sánchez que reconociera a González Urrutia como ganador de las elecciones del 28 de julio ante Maduro.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, respondió proponiendo romper los vínculos diplomáticos, consulares y comerciales.
"¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó Rodríguez.
El ejecutivo de Sánchez no reconoce la victoria que Maduro reivindica en los comicios, pero tampoco la de su rival, y ha insistido, en consonancia con la posición europea, en reclamar que se publiquen las actas electorales, que la oposición asegura que demuestran su victoria.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, no imitó las llamadas a consultas de su homólogo venezolano, y las calificó de "decisiones soberanas".
"Convocar a un embajador, yo lo he hecho en varias ocasiones, y llamar a consulta son decisiones soberanas de cada Estado y por lo tanto no hay nada que comentar", dijo este viernes a la radio pública RNE.
"Lo que sí le puedo decir es que nosotros trabajamos para tener las mejores relaciones posibles con el pueblo hermano de Venezuela", añadió Albares.
Cuando se le preguntó a Albares si compartía la opinión de su compañera, la ministra Robles, el ministro rechazó pronunciarse.
"El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego, los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos", explicó el responsable de la diplomacia española.
El jueves, el socialista Pedro Sánchez recibió a González Urrutia en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, y aseguró que "España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela", escribió en la red social X.
Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, entre ellos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos con doble nacionalidad.
La escalada con España coincide con el anuncio de Washington de sanciones a 16 funcionarios, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y miembros del alto mando militar y de los servicios de inteligencia.
Entre ellos está el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones castrenses.
Fue igualmente sancionado el juez que ordenó la captura de González Urrutia por "conspiración" y "sabotaje".
Según Estados Unidos, que también reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos".
El gobierno venezolano condenó la medida, que calificó de "acto grosero" para "congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".
