Venezuela llamó este jueves a consultas a su embajadora en España, en una jornada en la que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al opositor venezolano Edmundo González Urrutia en La Moncloa y Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios del país caribeño.
El canciller Yván Gil anunció en redes sociales la decisión de "llamar a consultas" a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, en respuesta a declaraciones de una ministra de España que calificaba de "dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro, en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente izquierdista y el asilo concedido en Madrid al opositor Edmundo González Urrutia.
Gil informó a la vez que "ha citado" al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, "a comparecer" el viernes en la sede del ministerio de Exteriores.
Más temprano, en la presentación de un libro en el Ateneo de Madrid, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, se solidarizó con "los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país" por "la dictadura que viven", palabras que el canciller venezolano tildó de "insolentes, injerencistas y groseras", y que, aseguró, "apuntan a un deterioro" de las relaciones bilaterales.
Según la ONU, más de 7 millones de venezolanos han dejado su país huyendo de la crisis política y económica.
El socialista Pedro Sánchez conversó con González Urrutia en el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, ciudad a la que el venezolano llegó el domingo tras un mes en la clandestinidad.
El opositor de 75 años, requerido por la justicia e su país, reivindica su victoria y denucia un fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años (2025-2031).
"España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela", escribió en la red social X Sánchez, cuyo Gobierno, en consonancia con la posición de la Unión Europea, exige que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas, aunque sin reconocer el triunfo opositor.
La reunión se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas ya en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper vínculos diplomáticos, consulares y comerciales.
"¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó Rodríguez, quien pidió a la Comisión de Política Exterior del Legislativo aprobar una resolución que luego debería revalidarse en la plenaria de la cámara.
Rodríguez reaccionó así a una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español, a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia.
La propuesta no es vinculante, por lo que no obliga a Sánchez.
Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos con doble nacionalidad.
Ante la posibilidad de ruptura de relaciones, la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, afirmó este jueves a periodistas que su país tiene "interés" en "siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano".
El analista venezolano Mariano de Alba, asesor en relaciones internacionales y diplomacia, comentó a la AFP que de concretarse una ruptura "se confirmaría que el gobierno de Maduro está dispuesto a aislarse de Occidente con tal de permanecer en el poder".
También este jueves, Washington anunció sanciones a 16 funcionarios, entre los que figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, así como autoridades electorales y miembros del alto mando militar y de los servicios de inteligencia.
Entre ellos está el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones castrenses.
Fue igualmente sancionado el juez que ordenó la captura de González Urrutia por "conspiración" y "sabotaje".
Según Estados Unidos, que reclama el detalle del escrutinio de las presidenciales venezolanas, estos funcionarios "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos".
El gobierno venezolano condenó la medida, que calificó de "acto grosero" para "congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".
Medio centenar de países, incluido Estados Unidos, pidieron junto a la Unión Europea como bloque en Naciones Unidas que las autoridades electorales divulguen "inmediatamente" el resultado detallado de las elecciones y permitan su "verificación imparcial".
