Una nueva e insólita exigencia impuesta a las empresas que prestan servicios de atención a domicilio a personas dependientes -en muchos casos, a través de contratos públicos- a través de una disposición adicional del real decreto de empleadas del hogar ha desencadenado una revuelta conjunta de las patronales del sector y del sindicato UGT contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de generar un problema donde no lo había y de poner en riesgo la prestación de este tipo de servicios, que la propia Estrategia Estatal de Cuidados impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales (también controlado por Sumar) considera claves para desarrollar la llamada nueva economía de los cuidados. La disposición en cuestión, publicada el pasado miércoles en...
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