El Consejo Constitucional de Francia, equivalente a un Tribunal Constitucional, ha validado el impuesto que aprobó el Ejecutivo francés para gravar con un 4,6% los ingresos de las autopistas y que las concesionarias, entre ellas la española Abertis, recurrieron. Abertis tenía un buen motivo para hacerlo, pues su filial en el país galo, Sanef , concentra el 36% del resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo. La empresa catalana, que está participada al 50% por ACS, es el principal concesionario privado de Francia, y ese país representa su principal mercado. En junio la concesionaria elevó la causa al Constitucional francés, y ahora ha recibido esta mala noticia. La decisión del tribunal se fundamenta en que este impuesto no constituirá una ruptura en la igualdad de los operadores franceses respecto a sus competidores internacionales y que no supone una carga excesiva en sus obligaciones tributarias, según recoge el texto. La ' ecotasa de Macron ', como la llaman, afecta a grandes operadores aeroportuarios y de carreteras -los que han participado en la demanda- y con ella el Gobierno francés espera recaudar hasta 600 millones de euros, un dinero que destinará a financiar iniciativas relacionadas con la transición ecológica. Comenzó a aplicarse el 1 de enero de este año y Abertis calculó que el impacto en sus cuentas financieras podría ascender a 80 millones de euros. Exactamente, la tasa solo se aplicará a partir de un determinado umbral de volumen de negocios y de rentabilidad (120 millones de euros y un 10%, respectivamente).
