El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió este jueves al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, llegado a Madrid para asilarse, en medio de la tensión internacional por la reelección de Nicolás Maduro que llevó al anuncio de sanciones de Estados Unidos.
Washington anunció la imposición de medidas punitivas a 16 funcionarios venezolanos, incluyendo a la presidenta de la corte suprema, por "fraude electoral", lo que Caracas rechazó "en los términos más enérgicos".
González Urrutia llegó a la capital española el domingo tras un mes en la clandestinidad y solicitado por la justicia. Reivindica su victoria en las elecciones del 28 de julio, en las que que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años (2025-2031).
Sánchez lo recibió en el palacio de La Moncloa, sede de la presidencia en Madrid, según un video publicado en sus redes sociales en las que aparecen ambos, junto a la hija del opositor venezolano, caminando por los jardines.
"España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela", escribió el gobernante de izquierda, cuyo Gobierno, en consonancia con la posición de la Unión Europea, exige que se hagan públicas las actas electorales de las elecciones venezolanas, pero sin reconocer el triunfo opositor.
La reunión de este jueves se produjo con las relaciones entre Madrid y Caracas en vilo, luego de que el miércoles el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propusiera romper los vínculos diplomáticos, consulares y comerciales con el país europeo.
"¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó Rodríguez, quien pidió a la Comisión de Política Exterior del Legislativo aprobar una resolución, que luego debería revalidarse en la plenaria de la cámara.
Rodríguez reaccionó así a una propuesta aprobada el miércoles por el Congreso español, a petición de la oposición de derecha y a la que se opuso el Partido Socialista de Sánchez, para solicitar al gobierno que reconozca la victoria de González Urrutia el 28 de julio.
La propuesta no es vinculante, por lo que no obliga a Sánchez.
González Urrutia agradeció el voto en el Congreso y "a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente" por su reconocimiento.
Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos con doble nacionalidad española.
Ante la posibilidad de ruptura de relaciones, la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, afirmó este jueves a periodistas que su país tiene "interés" en "siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano".
El analista venezolano Mariano de Alba, asesor en relaciones internacionales y diplomacia, comentó a la AFP que de concretarse una ruptura, "se confirmaría que el gobierno de Maduro está dispuesto a aislarse de Occidente con tal de permanecer en el poder".
Entre los 16 funcionarios sancionados por Washington figuran líderes de la autoridad electoral, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; una de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral; y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, responsable de las operaciones militares.
También está el juez que ordenó la captura de González Urrutia por "conspiración" y "sabotaje", miembros del Parlamento y de los servicio de inteligencia.
Estos funcionarios "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos", sostiene el gobierno de Estados Unidos, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.
El gobierno venezolano condenó la medida, que tachó de "acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".
Medio centenar de países, incluido Estados Unidos y miembros de la UE, pidieron el jueves en Naciones Unidas que las autoridades electorales divulguen "inmediatamente" el resultado detallado de las elecciones y permitan su "verificación imparcial".
