El Gobierno ha anunciado que reducirá los costos asociados a una amplia gama de trámites en el Estado. Esta medida, que forma parte de una serie de reformas pendientes para optimizar el acceso a los servicios públicos, tiene como principal objetivo aliviar la carga económica que enfrentan los ciudadanos al realizar gestiones administrativas. En un contexto económico difícil, la reducción de costos buscaría consolidar un sistema más accesible. A continuación, se detalla la fecha de inicio de estas nuevas tarifas, así como los decretos y ajustes que respaldan esta decisión.
Con la publicación del Decreto Supremo N.º 064-2010, el Estado ya había sentado las bases para la aplicación de tasas más equitativas, y ahora, con la obligatoriedad del cumplimiento del DS, se espera que más ciudadanos puedan beneficiarse de trámites a un costo considerablemente más bajo.
La principal pregunta que muchos ciudadanos se hacen es cuándo podrán ver estas nuevas tarifas. En la conferencia de prensa del Consejo de Ministros que se desarrolló el miércoles 11 de septiembre, el ministro de Economía, José Arista, señaló que la medida entrará en vigor el próximo año. Se espera que este recálculo de las tarifas considere una amplia gama de servicios.
“Queremos crear mecanismos para la integración de esa población que de alguna manera se siente afectada con estas altas tasas, pero de verdad no debería ser así. El cumplimiento de esta norma es obligatorio a partir del 30 de junio del 2025”, señaló José Arista, ministro de Economía.
El Decreto Supremo N.º 064-2010 fue un marco regulador para la implementación de tasas más justas en los trámites públicos. Según lo establecido en dicho decreto, el Estado debe garantizar que las tarifas por los servicios administrativos sean proporcionales y accesibles para todos los ciudadanos, evitando cobros excesivos y fortaleciendo la transparencia en la administración pública. Este marco normativo fue una de las primeras herramientas utilizadas para estructurar una política económica enfocada en la equidad en el acceso a los servicios. Sin embargo, hasta la fecha, no se establecieron los criterios necesarios para aplicar y, por ende, reducir las tasas del Estado.
El nuevo ajuste anunciado por el Gobierno se basa en estos principios, ampliando el alcance de las medidas contempladas en el decreto original. De este modo, el Estado asegura que la reducción de costos no compromete la calidad de los servicios prestados.
Además del reajuste en las tasas del Estado para los trámites públicos, el ministro José Arista anunció ajustes económicos relacionados con los juegos y apuestas. Este ajuste busca regular y optimizar el sector de las apuestas, asegurando que las tasas aplicadas sean justas y proporcionales a la actividad económica que generan.
“Esta ley se publicó hace algunos años, pero lamentablemente la reglamentación era complicada y, por eso, comentamos en el Congreso de la República que esta sería una de las facultades que solicitamos que se nos deleguen". "Ya aprobamos en el Consejo de Ministros esta norma que permitirá cobrarle el impuesto a plataformas que utilizan este mecanismo de los juegos a distancia y apuestas deportivas, estableciéndose una tasa de impuesto selectivo al consumo (ISC) para lograr una recaudación”, comentó Arista.
