El Ministerio de Hacienda pactó con las comunidades autónomas del Partido Popular negociar la condonación de la deuda en sus territorios. El equipo de María Jesús Montero llamó en julio a los dirigentes regionales para ofrecerles una serie de reuniones en septiembre con las que llegar a un acuerdo sobre las deudas que acumulan sus comunidades. Todos aceptaron, según afirman fuentes de Hacienda a Confidencial Digital.
Ahora Hacienda reprocha a los dirigentes territoriales del PP que sigan el mandato de Génova y se nieguen a negociar sobre la condonación de la deuda, rompiendo lo acordado en julio. Pero para el PP el acuerdo PSC-ERC lo cambió todo.
A comienzos de agosto, Esquerra Republicana hizo público el acuerdo alcanzado con el PSC a cambio de apoyar la investidura de Salvador Illa: la transferencia total de la competencia para recaudar el 100% de los impuestos; un concierto catalán que en el Ejecutivo ya sabía que los republicanos reclamaban, como adelantó ECD. El pacto excluye a Cataluña del régimen común de financiación y deja por determinar qué porcentaje de lo que recaude la Generalitat se cederá al Estado.
Una vez conocido el acuerdo, la directriz de la dirección del Partido Popular fue clara: ninguna autonomía aceptaría negociar la condonación de la deuda.
ERC ya consiguió sacarle al PSOE un acuerdo para que el Estado condonara la deuda a Cataluña durante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez; unas conversaciones en las que también se pactó la ley de amnistía.
Antes del verano, Hacienda se abrió a negociar la condenación de deuda con todas las regiones. El Gobierno habló por primera vez de cambiar el modelo de financiación, una asignatura pendiente de gobiernos tanto populares como socialistas. Pero desde Ferraz incidían en que habría que estudiar "cada caso" para abordar una remodelación que se ajustase a las singularidades de cada territorio.
En este marco se produjeron los contactos entre el Ministerio de Montero y los dirigentes territoriales, que vieron con buenos ojos incluir el perdón de todo el dinero que deben sus territorios dentro de la amplia reforma de la financiación que el Ejecutivo prometió. Territorios como la Comunidad Valenciana o Aragón llevan años exigiendo más dinero al Gobierno central, y tanto los presidentes del PSOE como del PP, que han gobernado en dichas autonomías, han calificado el reparto de "infrafinanciación".
Pero los populares desconocían qué estaba pactando el Partido Socialista de Cataluña con Esquerra. Entre finales de julio y principios de agosto, los republicanos anunciaron que los socialistas se comprometían a concederles un concierto económico, semejante al cupo que disfruta el País Vasco. Un giro que dejó desconcertados no solo a los barones del PP, sino también a los del PSOE. Líderes de los dos partidos criticaron el texto por romper la "solidaridad" entre territorios que rige la Constitución y la ley de financiación de las comunidades autónomas de 1980, vigente actualmente.
En ese momento, en el PP entendieron que las reuniones con Hacienda —agendadas para septiembre— se entenderían como un aval al cupo catalán. Las críticas al concierto catalán por insolidario hubieran resultado difícilmente compatibles con los encuentros entre sus dirigentes autonómicos y Hacienda para sacar el mayor provecho para su comunidad.
Entonces el Gobierno elevó la apuesta y cambio de protagonista: sería el propio Sánchez quien se reuniría con los presidentes autonómicos del PP. Este giro complicaba a los mandatarios rechazar dichas reuniones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negó a acudir y deslizó que ningún barón debía aceptarlo, mientras dirigentes como Juanma Moreno, presidente de Andalucía, o Carlos Mazón, líder del Ejecutivo valenciano, se mostraron a favor de asistir. "Pedro Sánchez es mi presidente; soy el representante ordinario del Estado y es muy importante garantizar las relaciones institucionales", sentenció Moreno.
Finalmente, la dirección del PP dejó vía libre a sus barones para decidir si acuden a los encuentros con Sánchez.
Génova se protegió y lanzó una consigna interna nada más empezar septiembre: nada de negociar la condonación de la deuda. Una orden que prohibió cualquier negociación con Hacienda sobre el perdón del déficit acumulado de las autonomías. Esta exigencia chocó con los intereses de las autonomías y no encontró el apoyo de todos los presidentes autonómicos. Aunque en público cierran filas, en la Comunidad Valenciana les cuesta no mostrarse favorables a condonar una de las deudas más grandes de todas las autonomías.
Precisamente, después de Cataluña, la región gobernada por Carlos Mazón se posiciona como la más endeudada de España.
