Estados Unidos ha sancionado este jueves a 16 funcionarios gubernamentales, militares, de inteligencia, de la corte suprema y de la autoridad electoral de Venezuela por obstrucción del «proceso electoral» y violación de los derechos civiles , según ha informado el Departamento del Tesoro. Según ha expresado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado, las sanciones apuntan «a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria (electoral del presidente Nicolás) Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio». Entre los miembros del Tribunal Supremo de Justicia sancionados figuran los jueces Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, Malaquías Gil Rodríguez, Juan Carlos Hidalgo Pandares, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez y Fanny Beatriz Márquez Cordero. Desde las elecciones del 28 de julio, «Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición», denuncia el Gobierno del presidente Joe Biden. «Estos actos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial exitoso, obligaron a Edmundo González Urrutia a salir de Venezuela para buscar asilo en España», añade la nota. Urrutia actuó como representante de la líder opositora María Corina Machado, que no pudo participar en los comicios, después de que las autoridades la inhabilitaran políticamente. Ella se ha quedado en Venezuela y asegura que la oposición ha ganado las elecciones por amplio margen. La proclamación de la victoria de Maduro para un tercer mandato de seis años, ha desatado protestas que han dejado 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que el líder chavista tilda de «terroristas». En ocasiones anteriores, Estados Unidos ya ha impuesto numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington. En abril el gobierno del presidente Joe Biden reimpuso algunas sobre el sector petrolero y del gas , tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones. No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol.
