Murió Alberto Fujimori
Este 11 de setiembre falleció a los 86 años de edadt el expresidente peruano Alberto Fujimori, uno de los más oscuros personajes de la historia de su país que terminó condenado por cometer delitos de lesa humanidad, entre las que se cuentan matanzas, secuestros y esterilizaciones forzosas.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto papá!”, dijo su hija Keiko en la red X.com.
El gobierno de Alberto Fujimori en Perú, entre 1990 y 2000, es recordado por un enfoque autoritario que desencadenó numerosos crímenes de lesa humanidad. Durante su mandato, se organizó la violenta represión contra grupos insurgentes, mientras el gobierno debió enfrentar la amenaza de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Fujimori llegó al poder con la promesa de erradicar la insurgencia que azotaba al país. Sin embargo, sus métodos para hacerlo fueron polémicos por las violaciones a los derechos humanos. Se instauró un régimen donde las medidas severas y el control militar sobre la población civil se convirtieron en la norma bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Parte de la estrategia para enfrentar a los insurgentes consistió en el uso de escuadrones de la muerte. El Grupo Colina, un destacamento clandestino del Servicio de Inteligencia del Ejército, fue responsable de numerosas violaciones graves. Este grupo fue el ejecutor directo de operaciones destinadas a eliminar a quienes consideraban enemigos del Estado, incluyendo civiles inocentes.
La masacre de Barrios Altos es uno de los episodios más notables del accionar del Grupo Colina. En noviembre de 1991, el escuadrón irrumpió en una fiesta en un vecindario de Lima, matando a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años. Las víctimas fueron confundidas con simpatizantes terroristas, en un acto marcado por errores atroces y una brutal ejecución.
El caso de La Cantuta, en 1992, profundizó la imagen del régimen de Fujimori como un Estado represor. En este operativo, el Grupo Colina secuestró a nueve estudiantes y un profesor de la universidad. Tras torturas despiadadas, sus cuerpos fueron ocultos en fosas comunes; este crimen mostró el alcance de las técnicas sádicas empleadas por el escuadrón.
Estos asesinatos no solo afectaron a las familias de las víctimas, sino que también intimidaron a la sociedad peruana, sembrando miedo y desesperanza. La forma en la que Fujimori manejó al Grupo Colina evidenció un desprecio flagrante por la vida humana y los derechos fundamentales.
Además de las masacres, el gobierno de Fujimori utilizó secuestros para silenciar voces críticas y consolidar su poder. El periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer fueron secuestrados en 1992, un acto que subrayó la represión gubernamental. Estos casos demostraron la disposición del régimen para utilizar medidas drásticas contra sus opositores.
Los secuestros de Gorriti y Dyer fueron una clara señal del control autoritario ejercido por Fujimori. La intervención internacional y la presión mediática fueron cruciales para la liberación de ambos, pero estos eventos dejaron una marca indeleble sobre la libertad de expresión en el país.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, las esterilizaciones forzosas fueron implementadas de forma sistemática, dirigidas a controlar la población de mujeres empobrecidas e indígenas de las comunidades andinas rurales. Esta práctica era parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del Estado, derivado del Plan Verde inicialmente diseñado para recuperación económica y combate contra Sendero Luminoso.
El programa fue condenado como una forma de limpieza étnica o genocidio debido a su impacto desproporcionado en poblaciones rurales e indígenas. Las raíces de este programa se encuentran en medidas de control poblacional y teorías eugenésicas desarrolladas en Perú en el siglo XX. Bajo Fujimori, estas medidas evolucionaron justificando las esterilizaciones como un método para aliviar la pobreza y mejorar la distribución de recursos.
A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre la participación voluntaria, muchas mujeres fueron esterilizadas sin consentimiento informado y bajo coacción. Se ofrecían amenazas o promesas de alimentos y atención médica como medios de manipulación. Estas prácticas dejaron un legado de violaciones de derechos humanos, destrucción de economías locales y aumento de la pobreza en áreas rurales afectadas.
El fin del mandato de Fujimori en el año 2000, debido a un escándalo de corrupción, inició una etapa judicial sin precedentes en América Latina. En 2007, tras su extradición desde Chile, Perú inició un complejo proceso legal que culminó con su condena en 2009, convirtiéndose en un ejemplo de justicia para casos de violaciones a los derechos humanos.
Fujimori fue declarado culpable de violaciones de derechos humanos, recibiendo una condena de 25 años de prisión. Este juicio marcó un precedente importante en la región, ya que fue la primera vez que un exmandatario fue juzgado y condenado en su propio país por este tipo de delitos. La sentencia reflejó un esfuerzo por sanar las heridas del pasado.
El legado de Fujimori sigue dividiendo a Perú, un país que no ha dejado de debatir sobre su influencia. Su hija, Keiko Fujimori, emprendió varios intentos fracasados de llegar a la presidencia, generando intensos debates sobre la continuidad de sus políticas. La corriente fujimorista permanece activa, influenciando decisiones políticas y polarizando a la sociedad.
En diciembre de 2023, la liberación de Fujimori por razones humanitarias desató una gran controversia y protestas, reviviendo el debate sobre impunidad y justicia. Sus partidarios lo ven como un líder eficaz que derrotó al terrorismo, mientras que sus detractores lo recuerdan como un dictador que violó derechos humanos fundamentales.
