Director de analítica de datos del IMCO y profesor de macroeconomía del ITAM.
Alea iacta est, la suerte está echada. La madrugada de ayer el Senado aprobó por mayoría calificada el dictamen de la reforma al Poder Judicial que ya había aprobado la Cámara de Diputados también por mayoría calificada. El 11 de septiembre quedará para siempre en los libros de nuestra historia como un testimonio inveterado de todo lo negativo que encumbra la política nacional: los mecanismos de coacción del Estado vía las fiscalías, los pactos de impunidad, la traición al electorado que eligió a sus representantes, el cinismo de todos los bandos con respecto a sus incentivos, la inconsistencia en el discurso y las ideas, la corrupción, el tráfico de influencias y un larguísimo etcétera.
La coalición de partidos en el poder, integrada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, se valió de los mecanismos más deshonrosos para conseguir una votación supermayoritaria que permitiera la aprobación de esta reforma, logrando que al menos un representante de casi todos los partidos de oposición votara a su favor. Sin embargo, el camino que sigue a su aprobación será bastante largo y se extenderá al menos hasta 2027. Esto quiere decir que la presidenta electa ocupará casi la mitad de su sexenio en implementar una reforma que, lejos de resolver los problemas que enfrente el Poder Judicial, creará mecanismos considerablemente más complejos, regresivos e inequitativos para acceder a la justicia en nuestro país.
Por supuesto que la incertidumbre que se deriva a partir de la aprobación de la reforma se mantendrá como un factor que contribuya a elevar las primas de riesgo del país, esto es, el gobierno, las empresas públicas y privadas enfrentarán condiciones más severas al acceder a los mercados financieros, primero por el nivel de tasas de interés a los que podrán financiar su deuda y, si el impacto repercute sobre la calificación del país, en la liquidez de los mercados donde podrán colocar sus bonos en el futuro.
Lo que viene para nuestro país será un largo y prolongado proceso de implementación. Si algo nos mostró nuestro pasado reciente en materia de reformas constitucionales es que su consumación es notablemente más compleja. De hecho, se convierte en un reto de mayor y mayor dificultad a medida que logra transformar la realidad que desea trastocar. Quizás eso es lo que resultará más retador para las personas que estén al frente de los hitos clave que le restan a su puesta en marcha.
El primer paso consistirá en lograr la aprobación de 17 congresos estatales (al momento en que escribo estas líneas, al menos 4 lo han hecho y se espera que los otros 13 se sumen antes del final de la semana). Concluido el proceso legislativo tocará el turno a López Obrador, aún como presidente, para publicarla en el Diario Oficial de la Federación. Ese acto marcará el final de su administración y será una impronta del legado que heredará a su sucesora.
El segundo momento se dará en torno a la organización de la elección de 2025. En esta primera etapa, se renovarán a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los puestos que estén vacantes para los cargos de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al igual que los magistrados de sus Salas Regionales. Asimismo, se elegirán a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Para preparar este proceso, el Consejo General del INE tendrá que emitir diferentes lineamientos y encargarse de la organización de la elección. Si la implementación avanza como se espera, las personas que participen en la elección deberán ponderar 30 perfiles para la Suprema Corte, 210 para las salas del Tribunal Electoral y 30 para el Tribunal de Disciplina. En total, deberán evaluar 2,382 candidaturas federales.
El tercer momento se dará en 2027, año en que tendrá lugar la elección para la segunda mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Además, los estados deberán haber preparado el terreno para esa fecha, a fin de que se realicen las reformas correspondientes a sus constituciones locales para renovar la estructura de cada uno de sus poderes judiciales. Con lo cual, nuevamente tendremos una elección masiva en la que las personas que decidan participar deberán evaluar nuevamente miles de candidaturas. Todo esto en medio de la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados y casi la mitad de las gubernaturas y congresos locales.
Frente a lo intricado que luce este proceso hacia futuro, es poco probable que los activos financieros reflejen fehacientemente la materialización del deterioro institucional a cada momento. Tanto el tipo de cambio como las tasas de interés seguirán determinándose con base en factores globales y locales, pero la dificultad para darle seguimiento al proceso y, por ende, evaluar sus implicaciones negativas para el país, será creciente.
A nuestro país y economía les espera un camino de incertidumbre, una ruta en la que prevalecerán las motivaciones políticas sobre criterios técnicos. La llegada del nuevo gobierno podría implicar un cambio en la velocidad de implementación de la reforma, pero a esto se contrapone el riesgo latente de que los grupos de poder más interesados en implementarla recurran a la amenaza de la revocación de mandato para asegurar su puesta en marcha. Echada está la suerte.
