El caso Koldo no iba a ser la excepción y, como buena trama de posible corrupción de fondos públicos, está extendiendo sus sombras. La declaración como investigado del ex director general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares ante el juez instructor de la Audiencia Nacional, ratificó los protagonismos ya conocidos de Koldo García, quien fuera asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, y el comisionista Víctor Aldama. También confirmó el visto bueno del propio exministro a las compras de millones de mascarillas a instancia de su amigo Koldo. Un señalamiento directo y explícito a la cúpula del Ministerio de Transportes. En definitiva, la declaración de Sánchez Manzanares, aun con la finalidad legítima de exculparse de cualquier responsabilidad, demuestra la necesidad de apurar la investigación judicial sobre todos los eslabones de la cadena de altos cargos que propiciaron estas compraventas aparentemente fraudulentas. Tampoco parecería razonable que, a la vista de cómo está avanzando esta investigación, quedara fuera de ella la participación de otras administraciones directamente señaladas en la trama de García, como la canaria y la balear, dirigidas por los socialistas Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, y Francina Armengol, presidenta del Congreso, respectivamente. Investigar no es acusar, ni juzgar ni condenar. Es la respuesta propia del Estado de derecho a los indicios de un delito, que se desenvuelve con un sistema de garantías que se basa en el principio de igualdad y la presunción de inocencia. Y si por algo se ha cuestionado esta presunción en el caso de Ábalos no ha sido precisamente por una investigación judicial que no puede dirigirse contra él, porque es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino por una auditoría acusatoria encargada por sus, hasta hace poco, colegas de Consejo de Ministros, de partido y de grupo parlamentario. Es evidente que la caída en desgracia de Ábalos no ha sido un acontecimiento sorpresivo para nadie en el PSOE, sino un desenlace previsible dada la falta de discreción con la que se comportaba el exministro en su actuación personal y política. Tan previsible que no resulta justificada la indiferencia con la que el partido y su secretario general, Pedro Sánchez, tratan las acusaciones de la auditoría contra Ábalos. Recordar que fue secretario de Organización del PSOE con Sánchez no es algo anecdótico, sino conveniente para medir en su justa dimensión el alcance político tanto de la investigación judicial sobre las compras sospechosas de mascarillas, como de la expulsión con deshonor que sentenciaron los socialistas a quien fuera su número tres del partido. En esta situación no sería extraño que el juez de la Audiencia Nacional acabara elevando a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una exposición razonada con los indicios acumulados en la instrucción sobre la implicación de Ábalos en la compra de mascarillas durante la pandemia. Sería una evolución natural de unos acontecimientos que lejos de mitigar las sospechas sobre las irregularidades ya conocidas, las van afianzando. El ostracismo impuesto a Ábalos por el PSOE puede ser un cortafuegos de cara a la opinión pública, pero no será una mordaza para el exministro en caso de que fuera llamado a declarar como investigado. Probablemente, la auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sea la venda antes de la herida con la que el PSOE quiera proteger a Sánchez de cualquier salpicadura política por las declaraciones de quien, como Ábalos, conoce muy bien la trayectoria del actual presidente del Gobierno.
